Los recursos naturales siguen desprotegidos
La Ley 64-00 está en plena vigencia, pero siguen las violaciones impugnes, por ejemplo, de los extractores de materiales de los ríos del país; su contaminación por empresas que utilizan químicos y la destrucción de bosques y áreas verdes en campos y ciudades.
Por Santiago Estrella Veloz
El exceso de tolerancia frente a la creciente agresión a los recursos naturales durante el primer año de gestión de gobierno del ingeniero Hipólito Mejía ha impedido que se cumpla cabalmente la Ley 64-00, precisamente promulgada por el actual gobierno dos días después de haber asumido las riendas del Estado. Los recursos naturales, pues, están prácticamente al garete por ese motivo.
La ley está en plena vigencia, pero siguen las violaciones impugnes, por ejemplo, de los extractores de materiales de los ríos del país; su contaminación por empresas que utilizan químicos y la destrucción de bosques y áreas verdes en campos y ciudades. Y sigue sin definirse legalmente la explotación del bosque forestal para que los empresarios inviertan en ese renglón, al que puede sacársele provecho al tiempo que se protegen las cuencas hidrográficas.
En su afán por celebrar unos Juegos Panamericanos, el gobierno del Presidente Hipólito Mejía se abre un nuevo frente de oposición al permitir que se destruya el Parque Mirador del Este, un verdadero “pulmón forestal” de la ciudad de Santo Domingo, al extremo de que el propio ex Presidente Joaquín Balaguer —creador de ese parque— amenazó con romper la tregua política que ha mantenido hasta ahora frente al gobierno de Mejía si continúa la depredación del mismo.
No se trata de decir que en el año transcurrido no ha habido logros importantes, sobre todo si se toma en cuenta que las depredaciones contra los recursos naturales se remontan a más de 500 años atrás. En realidad, la propia Ley 64-00, que creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una conquista lograda a base de un consenso entre los partidos políticos que permitió refundir tres versiones en una y en la que trabajaron más de 200 especialistas de todas las tendencias.
Otros logros plausibles son el empeño por reordenar el sector forestal y reglamentar las actividades para limitar los efectos dañinos de los desechos sólidos y los ruidos; la multiplicación de viveros forestales en diversos lugares del país y el propósito de hacer que funcionen.
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dirige el reputado historiador doctor Frank Moya Pons, carece de una fuerza de apoyo real que le permita impedir, por ejemplo, que jerarcas políticos del oficialismo e incluso militares se lucren con la explotación ilegal del bosque o de los ríos, como ha denunciado públicamente el propio funcionario.
La Secretaría de Medio Ambiente anunció que se opone a las instalaciones deportivas en el Parque Nacional del Este. El Gobierno, sin embargo, no le hace caso y continúa con las obras, lo que lleva a uno a preguntarse: ¿para qué entonces está esa secretaría?
Medio Ambiente no ha comentado, tampoco, los resultados del Estudio de Impacto Ambiental del cuestionado proyecto hidroeléctrico Manabao-Bejucal-Tavera, auspiciado por la Corporación Dominicana de Electricidad. El doctor Moya Pons, quien siempre está muy ocupado, nunca está localizable cuando se le llama por teléfono ni retorna las llamadas cuando se les hacen.
El estudio sobre Manabao-Bejucal-Tavera, hecho por las firmas Intecsa-Inarsa, S. A, y Jorge & Mustonen, C. por A., cita ocho impactos “positivos” contra 17 “significativos”, una forma de evitar el uso de la palabra “negativo” con respecto a la obra, que ha dividido la opinión de los habitantes de Jarabacoa y otras comunidades que de algún modo recibirán su impacto. La oposición se fundamenta en que el proyecto alteraría la ecología de la región y disminuiría de tal manera el caudal del rio Yaque del Norte que Jarabacoa se quedaría prácticamente sin agua.
Las voces en contra del proyecto han sido tan contundentes que el propio Presidente Mejía anunció haberlo descartado, para construir en cambio la Presa de Sanate, en Higüey. Sin embargo, la CDE no ha desistido definitivamente del proyecto, que tiene como fin el aprovechamiento hidroeléctrico para la generación de energía destinada al sistema eléctrico nacional.
La obra estaría integrada por dos saltos hidroeléctricos en cascada con una potencia instalada de 105,000 kilovatios, cuya producción por otros medios requería de 120,000 toneladas de carbón ó 500,000 barriles de gasoil en centrales con turbinas de gas.
La Secretaría de Medio Ambiente no ha dicho si el Estudio de Impacto Ambiental sobre la proyectada obra la favorece o no.
LOS RÍOS OZAMA E ISABELA
Hasta ahora, por lo menos públicamente, no se ha tomado en cuenta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en los anunciados planes para sanear los ríos Ozama e Isabela, lo que implicaría sacar de su entorno a unas 300,000 personas que viven en condiciones infrahumanas y a las cuales, supuestamente, se les dotaría de viviendas.
La sola tarea de embarcarse en una tarea de esa naturaleza es motivo suficiente para involucrar a Medio Ambiente.
El pasado 6 de julio el periódico El Siglo reveló que el gobierno de Mejía firmó dos convenios por 368 millones de dólares, equivalentes a unos 6,000 millones de pesos, para la ejecución de un proyecto de saneamiento de las riberas de los ríos Ozama e Isabela, que implicará la construcción de 12,000 viviendas, una villa marina, un parque ecológico y una gigantesca planta de tratamiento de aguas residuales.
El área a sanear representa el 1.6 por ciento del territorio de Santo Domingo y concentra el 11 por ciento de la población capitaleña, con una densidad poblacional de 750 a 1,000 residentes por hectárea, frente a 100 residentes por hectárea para toda la capital.
LAS GRANCERAS
Hace más de un año, específicamente el 16 de abril de 2000, que el entonces Presidente Leonel Fernández anunció en San Cristóbal que había ordenado paralizar los trabajos de extracción de materiales en los ríos Haina, Nizao y Yubaso. Los propietarios de las llamadas “granceras” reaccionaron con una especie de burla, al decir que la prohibición les favorecería porque así aumentarían los precios de esos materiales.
Unos días más tarde, el gobierno de Fernández revocó la decisión tomada, supuestamente para dar un plazo de 60 días a fin de que se buscaran alternativas que no paralizaran la industria de la construcción.
Evidentemente fue un triunfo para los areneros, como lo sigue siendo el mantener explotaciones de materiales en los principales ríos del país, con el mismo argumento oficial de que “se busca una solución” y de que “no se pueden paralizar las construcciones”.
Las excavaciones en los ríos continúa, incluso en su lecho, sin control alguno, lo que amenaza con hacerlos desaparecer. El daño al lecho de los ríos determina que el agua se infiltre más rápidamente, lo que hace disminuir el caudal, a lo que se agrega la deforestación en las altas montañas.
La Secretaria de Estado de Medio Ambiente aún no termina el reglamento para evitar el daño a los ríos.
Nada se ha hecho para modificar la Ley 123, del 19 de mayo de 1971, que regula las extracciones de materiales para la industria de la construcción. Esa ley fija un impuesto de 10 centavos por cada metro cúbico extraído, removido o degradado. Los fondos deben ser repartidos en forma de un 50 por ciento para ingresar al Fondo General de la Nación y un 50 por ciento a los Ayuntamientos del municipio donde se encuentre la zona objeto de la concesión o permiso. Nadie lo ha explicado claramente, pero se afirma que las “granceras” deben millones de pesos al Estado por ese concepto, amparándose algunas en “contratos” para mejorar el cauce de los ríos, como es el caso de Nizao.
En el país hay 136 ríos camino a la destrucción por la extracción de materiales, de una forma u otra, algunas veces con permiso de los Ayuntamientos locales o de los Gobernadores provinciales, que poco o nada saben de medio ambiente, mucho menos de geología.
Las recomendaciones de la Academia de Ciencias para que se exploten canteras de materiales similares o quizás mejores que los actualmente utilizados, simplemente han caído en el vacío.
LA CONTAMINACIÓN
Este es un punto dramático. No hay día que la prensa no publique alguna queja sobre este problema, cuyas causas principales son la acumulación de basuras y los desechos industriales, muchos de los cuales van a parar directamente a las fuentes pluviales o al mar, con daños a la fauna acuática y las playas.
Solamente los ríos Haina, Ozama e Isabela reciben descargas de por lo menos 50 industrias, que han recibido notificaciones para que instalen plantas de tratamiento. Algunas las han instalado, otras no. Siempre se les otorgan plazos que nunca cumplen, sin que se aplique radicalmente la ley.
Esa contaminación es independiente de la provocada por los asentamientos humanos a orillas de esos ríos, grave problema que no es posible resolver de golpe y porrazo, porque no hay viviendas para ubicar a los eventuales desalojados, ni los miles de millones de pesos que se requerirían para lograr ese objetivo.
Todo esto quiere decir que los avances en materia de protección a los recursos naturales, si bien son significativos, quedan virtualmente anulados frente a los problemas acumulados desde siglos, a los cuales se adicionan los derivados de un país en constante crecimiento, tanto industrial como en su población.
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