EL APOYO DEL PRD
El gobierno de Jorge Blanco, que firmó en enero de 1983 un ‘Acuerdo de Facilidad Ampliada’ con el FMI, negociaba ahora en 1984 la firma de un ‘Acuerdo Stand By’, que profundizaba las condicionalidades impuestas a la economía y el sacrificio que demandaba de la población dominicana. Para ello Peña Gómez, aliado político de Jorge Blanco y síndico del Distrito Nacional, convocó el 5 de abril de 1984 a una reunión ampliada a la Comisión Política del PRD, a las ocho de la noche en el salón de sesiones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la cuarta planta de su edificio municipal en el ‘Centro de los Héroes’.
Por el carácter ampliado de la convocatoria a ese organismo (al cual nunca tuve acceso como miembro de pleno derecho, pues estaba reservado a los representantes de facciones en que se había dividido el PRD, y yo no pertenecía a ninguna), fui invitado en mi condición de Director Nacional de Asuntos Técnicos del PRD, pero ignoraba, al igual que todos los demás convocados, el motivo de la reunión. Asimismo, nos resultaba desconocida la persona que –con facha de extranjero- se encontraba allí antes de la llegada de Peña Gómez.
Pronto nos enteraríamos que se trataba de Julio González, el
representante del FMI que encabezaba la misión que se hallaba en el país, y el propósito de la reunión era recabar el apoyo del PRD a las negociaciones que el gobierno Jorge Blanco realizaba con el FMI. Allí estaban todos los miembros de la Comisión Política representando todas las facciones. De los que recuerdo, el sector Majluta estaba encabezado por el mismo Jacobo, y en adición a él se encontraban Stormy Reynoso, Tomás Hernández Alberto y Vicente Castillo. El sector Jorge Blanco estaba representado por Darío de Jesús y Fulgencio Espinal; y el de Guzmán, por Vicente Sánchez Baret, y Amadeo Lorenzo Ramírez (Mabí), entre otros.
La reunión resultó tormentosa. No bien había explicado Peña Gómez los propósitos de la misma pedí la palabra para expresar mi oposición a que el PRD se comprometiera en una gestión –que a mi juicio- conllevaba la entrega de la soberanía económica de la nación al FMI, destacando la trayectoria que ese partido había tenido en el pasado aún reciente, encabezando políticamente la ‘guerra patria’ de 1965, en la defensa de esos atributos. Reclamé el absurdo histórico de tal propuesta y solicité que el PRD la rechazara. Mientras tanto, Julio González permanecía imperturbable. Lucía acostumbrado a aguantar ‘chaparrones’ como el mío, e intervino para ampliar la presentación de Peña Gómez sin inmutarse en lo más mínimo.
Tan pronto escuchó de mi boca la palabra ‘soberanía’, Peña Gómez, quien se había levantado momentáneamente de su asiento, retornó y tomó la palabra para contestarme, y en términos más o menos textuales dijo: “Aquí no se puede venir a hablar de soberanía, después de que nos gastamos alegremente el dinero de la deuda”. “Ese dinero hay que pagarlo”. Entonces le contesté: “Por lo que veo tendremos que resucitar a Juan Pablo Duarte, porque este país tendrá que pelear nuevamente por su libertad. Buenas noches”.
Con esas palabras me retiré de la reunión y rompí ideológicamente con Peña Gómez, aunque del PRD me retiré mucho después en 1985, cuando éste desautorizó al Consejo Nacional de Disciplina, que yo presidía, para expulsar a Jacobo y militarizar la Casa Nacional para evitar la reunión del CEN, cuya mayoría había perdido a manos de Majluta. Con ello decretó la división del PRD, la cual fue materia de litigación ante la Junta Central Electoral, la cual falló a favor de Peña Gómez por influencia del doctor Balaguer, a quien convenía tal decisión a los fines de su táctica electoral para las elecciones de 1986.
El día 20 de abril de 1984, en plena Semana Santa, firmó el gobierno de Jorge Blanco el ‘Acuerdo Stand By’ con el FMI, y cuatro días después, el 24 de abril, morían en las calles de Santo Domingo cientos de dominicanos, entre ellos miembros del PRD, en protesta por los perniciosos efectos de ese acuerdo en su condición de vida, a manos de contingentes del Ejército Nacional llamados en auxilio de la Policía Nacional, que había mostrado su incapacidad para contener la violencia desatada en los barrios marginados de la ciudad capital.
Para mí, esa noche Peña Gómez se pasó a la trinchera del enemigo de su país y de América Latina, solidarizándose con la banca acreedora de la eterna ‘deuda externa’, y con el compromiso de pago de sus acreencias, y ello le ganó el privilegiado lugar que le concediera la entidad ‘Diálogo Interamericano’, prohijada por esos intereses de ser el único dominicano miembro de la misma y digno además de ser auspiciado en su ambición de escalar a la Presidencia dominicana para asegurarles sus intereses.
Para quienes lo ignoran, además de su membresía norteamericana, el ‘Diálogo Interamericano se compone en su membresía latinoamericana, de expresidentes, presidentes en ejercicio y de aspirantes a presidentes. En este momento la persona que sustituyó a Peña Gómez es una joven mujer, Elena Villeya de Paliza, prestante dirigente empresarial y ejecutiva de conocidas empresas nacionales.
NEGOCIOS TURBIOS
La industria azucarera dominicana, condenada a la desaparición con la extinción de su cuota preferencial en el mercado de EE.UU., y los subsidios otorgados tanto por el gobierno norteamericano como los europeos a su azúcar de remolacha y el desarrollo de los edulcorantes, la cual se venía anunciando desde 1978, pudo haberse salvado si se hubiera dado paso al proyecto para producir alcohol a partir de la caña de azúcar, negociado con el gobierno militar del Brasil por el actual presidente del Senado y entonces Secretario Técnico de la Presidencia, Ramón Alburquerque, y quien escribe, con el ministro de Economía, Delfim Netto, en viaje a Brasil del 25 de marzo de 1984, el cual fue iniciativa de Francisco Guridi (fallecido).
El mérito de este proyecto se basaba en la probada experiencia del Brasil, que había desarrollado la industria del alcohol al punto de que fabricaban vehículos con motores que trabajaban exclusivamente con alcohol, así como la química del alcohol que ellos denominaban ‘alco-química’, que les permitía la obtención a partir del alcohol de productos generalmente extraídos del petróleo, como el PVC utilizado en la construcción y otros usos, así como su empleo como aditivo de la gasolina en un 22% en los motores normales.
Además de tener un producto de exportación que se ha venido a constituir en el único aditivo a la gasolina permitido en EE.UU. por razones ambientales, con un mercado prácticamente ilimitado, le hubiera permitido al país sustituir hasta un 22% del volumen de gasolina importada o procesada por alcohol de producción nacional, con la virtud de que este aditivo contribuye a una combustión más perfecta y limpia, que prolonga la vida de los motores y evita la contaminación, los cuales eran mis objetivos como presidente de la Refinería de Petróleo.
El gobierno del Brasil otorgó su auspicio a la transferencia de tecnología, la venta de los equipos industriales e incluso una línea de crédito de US$32 millones, en una primera etapa, lo cual estimábamos un gran triunfo para el país. El Gobierno dominicano quedaba en libertad de escoger la vía para la puesta en marcha del proyecto, poniéndolo tanto en manos del sector privado como del sector azucarero gubernamental. Dado el riesgo de que se viniera abajo ese complejo tan importante a la economía nacional, recomendamos que se le diera la opción al Consejo Estatal del Azúcar, dejando en sus manos el proyecto y la negociación con la convicción de que habíamos hecho un aporte de gran importancia a su futuro.
Esta propuesta permitía al país una estructura de producción alternativa o conjunta de azúcar y/o alcohol, con la cual hubiéramos logrado la diversificación de la industria azucarera dominicana a partir de la fase industrial, en lugar de hacerlo a partir de la fase agrícola, como se hizo desarraigando el cultivo de la caña de azúcar para sustituirle por frutos de exportación, con las funestas consecuencias del fracaso de estos proyectos. La estructura flexible de producción industrial propuesta, asimilable incluso en los ingenios más pequeños, ponía al país en condición de incrementar para exportación el volumen de azúcar o de alcohol, en función de aprovechar los precios mundiales más convenientes.
Cuál no sería nuestra sorpresa al enterarnos de que Eulogio Santaella, entonces director ejecutivo del CEA, había viajado al Brasil, pero no se había interesado en absoluto en el proyecto del alcohol porque lo había desestimado. Ahí se selló la suerte del CEA, aunque gestiones posteriores se encargaran de completar su liquidación. No he podido determinar si esa fue decisión suya o del Presidente Jorge Blanco, quien respondía a los intereses de la Shell y de las demás empresas petroleras, obviamente perjudicadas con esa proyectada reducción de sus ventas de gasolina.
En octubre de 1984, en ocasión de asistir en Guatemala a una reunión de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tuve oportunidad de percatarme de algunos de los negocios turbios que se estaban haciendo en el campo energético durante el gobierno Jorge Blanco, aunque todavía ignoraba la involucración de algunos de sus actores principales. En un paréntesis de los trabajos del evento, el ministro de Energía de Colombia se acercó a mí para solicitarme que fuera portador ante el Presidente Jorge Blanco de la queja de su gobierno por una licitación hecha por la CDE para adquirir carbón para las plantas ‘Itabo’, pues se había desestimado la oferta de ‘Carbocol’, la empresa de carbón del Estado colombiano, para otorgarla a un proponente desconocido, que luego había adquirido indirectamente el carbón a Carbocol.
En el momento en que expresé esta queja al Presidente Jorge Blanco todavía ignoraba que quien fungió de intermediario en esa licitación era Leonel Almonte, quien junto a otros asociados se había lucrado de la CDE de varias maneras. Por ejemplo, la CDE, encabezada por un primo del Presidente, el ingeniero Marcelo Jorge, no era sujeto de crédito para recibir préstamos del Banco de Reservas de la República, pero Almonte o una de sus empresas sí lo era, para traspasar a su vez dicho crédito con sus beneficios a la CDE. Vistos los nexos que posteriormente se pusieron en evidencia entre Jorge Blanco y Almonte, su actuación en esos negocios no era posible sin tener el apoyo del Jorge Blanco.
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