Otro escándalo se destapa
en Bienes Nacionales
La estafa compromete muy seriamente al ex administrador Víctor Tió Fernández, quien guarda prisión en Najayo
Por Ivonne Ferreras
Otra venta irregular e ilegal de terrenos propiedad del Estado, amparados en poderes falsificados de anteriores gestiones gubernamentales, colocan de nuevo a la Dirección General de Bienes Nacionales en la antesala de un escándalo mayor que el anterior.
Más de sesenta millones de pesos estarían envueltos en esta nueva estafa al Estado dominicano, que involucra al inculpado principal en la venta de terrenos a precio vil de la avenida Charles de Gaulle, el ex administrador general de la institución, Víctor Elmer Tió Fernández, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo.
Los terrenos, ubicados entre las calles Caonabo y César Nicolás Penson, del exclusivo sector de Gazcue, son el eje principal de la estafa caracterizada por abuso de confianza, asociación de malhechores, falsificación de escritura y uso de documentos públicos, desfalco, coalición de funcionarios, usurpación de funciones, soborno o cohecho, prevaricación, sustracción y destrucción de documentos públicos.
Los implicados en la estafa son Tió Fernández, Freddy Williams Vargas Matos, Sandino Grullón Félix, José Manuel Peña y Jorge Nemesio Matos Vázquez, estos últimos fuera de prisión gracias a recursos de amparo.
Los actores principales del nuevo escándalo son Herminio Santana Germán, Aleyda Rodríguez Silva, Antolín de la Cruz y Francisco de la Rosa García, quienes figuran como cómplices en la comisión de hechos dolosos en contra del Estado dominicano, todos con vínculos muy cercanos a Tió Fernández.
Y, como toda buena obra teatral necesita un escenario adecuado, en este caso la trama se desarrolla en el ámbito de la manzana No. 266, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, ubicada en la calle Caonabo del sector de Gazcue, terreno que fuera vendido a 30 pesos el metro cuadrado, precio considerado vil a juzgar por lo establecido como precio mínimo por metro cuadrado que debe regir la evaluación de los terrenos correspondientes a la zona urbana de Santo Domingo por parte de la Dirección General de Catastro Nacional.
Pero la cosa no paró en Gazcue. A Francisco de la Rosa García se le vendió una porción de terreno con un área de 1,030.64 tareas dentro del ámbito de la parcela No. 25 del Distrito Catastral No. 26, localizada en la carretera Villa Mella-Yamasá, a razón de 18 pesos la tarea, cuando su precio real es de más de dos mil pesos por tarea.
Según documentos entregados a la Revista AHORA, se establece que los terrenos vendidos por el exdirector de Bienes Nacionales, Víctor Tió, fueron divididos sin mediar la debida reglamentación del Registro de Títulos y de Catastro Nacional, amparados sólo en un poder a todas luces falsificado y que fuera emitido por el entonces Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, en fechas 10 de octubre de 1982 y 4 de noviembre de 1983.
El procedimiento utilizado para evitar que las compras fueran avaladas y aprobadas por el Congreso de la República fue la división en tres parcelas de 664.35 metros cuadrados cada una, a un precio por parcela de 19 mil 930 pesos con 50 centavos. Con ese procedimiento se buscaba no alcanzar los 20 mil pesos, suma a partir de la cual debe ser conocida por el Congreso.
LOS ADQUIRIENTES
Los adquirientes irregulares de dichos terrenos figuran nada más y nada menos que como empleados y personas de confianza del señor Tió Fernández, mientras que una es simplemente...su suegra. A saber: Antolín de la Cruz, quien fungía como inspector del Departamento de Inspección de Bienes Nacionales y que como segundo teniente de la Policía Nacional se desempeñaba también como encargado de seguridad de Bienes Nacionales, es decir, guardaespaldas de Víctor Tió, con un salario de 5 mil pesos mensuales, le tocó una porción de terreno con un área de 664.35 metros cuadrados dentro del ámbito de la Manzana No. 266, del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, ubicada en la calle Caonabo del sector Gazcue, a razón de 30 pesos el metro cuadrado.
Aleyda Rodríguez Silva, quien se desempeñaba como enfermera del dispensario médico de Bienes Nacionales, con un salario de 6 mil pesos mensuales, le fue adjudicada igual cantidad de terreno en la referida parcela, al mismo precio; mientras que a Herminio Santana Germán, amigo y dirigente político junto a Tió durante muchos años, le fue vendida al igual que los anteriores la misma porción de terreno y en el mismo lugar, variando solamente el monto que esta vez sólo alcanzó los 25 pesos por metro cuadrado.
En conversación con uno de los adquirientes de los terrenos, quien se queja amargamente de haber sido engañado en su buena fe después de haber destinado todos sus ahorros para esa compra, dice que el extitular de Bienes Nacionales se alzó con el santo y la limosna, pues hasta el sol de hoy no ha visto ni el título de propiedad ni el dinero, y mucho menos a Tió Fernández.
LA MANIOBRA DOLOSA
La situación se torna más y más oscura, por cuanto en la venta ilegal de estos terrenos fueron falsificados, nueva vez, dos poderes especiales otorgados por el expresidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco, según consta en sendas certificaciones emitidas tanto por el secretario administrativo de la Presidencia como por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que dan cuenta de que dichos documentos no reposan en sus archivos; por lo tanto estos terrenos no se podían ni vender, ni permutar, ni hacer nada con ellos, salvo la cesión temporal a instituciones benéficas.
Y efectivamente, los directivos del instituto de educación especial Escuela Granja Taller Pro Recuperación Educacional, que acoge infantes, niños y adolescentes aquejados de graves limitaciones físicas y mentales, solicitaron al presidente Hipólito Mejía, vía la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el inmueble de referencia para alojar sus instalaciones.
Ante esta solicitud, el consultor jurídico Guido Gómez Mazara, a instancias del Presidente de la República, pidió a Víctor Tió, a la sazón administrador general de Bienes Nacionales, todas las informaciones acerca del inmueble, quien respondió, según consta en el oficio de fecha 8 de febrero del 2001, que dicho inmueble había sido transferido durante la gestión del doctor Salvador Jorge Blanco, por lo que no era posible complacer la solicitud hecha por la entidad benéfica.
La mentira contenida en dicha comunicación pone en evidencia el conocimiento que dicho funcionario tenía de la acción dolosa y la cual trataba de ocultar.
Otro dato que pudo comprobar AHORA es que en los terrenos ilegalmente vendidos existe una construcción de concreto, que no fue valorada ni contemplada en la venta, por lo que se puede colegir que su existencia fue omitida a los fines de disminuir el costo del referido bien y regalada en su totalidad a los supuestos adquirientes, quienes en realidad no saben ni tienen idea de lo que han comprado, ni dónde se encuentra y en qué condiciones está.
CABOS SUELTOS
Las supuestas compras están amparadas en los contratos números 00415, 00416, 00417 y 00418, a nombre del segundo teniente de la Policía Nacional, Antolín de la Cruz; Francisco de la Rosa García, Herminio Santana Germán y Aleyda Rodríguez Silva, lo que llama la atención, ya que los poderes emitidos por el expresidente Jorge Blanco tienen fechas del 10 de octubre de 1982 y 4 de noviembre de 1983, contratos que fueron certificados por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, Wilson Gómez Ramírez.
Lo extraño del caso, además, es que de los cuatro contratos de venta, tres fueron hechos el mismo día: el 6 de diciembre del 2000; mientras que el de Aleyda Rodríguez Silva fue firmado el 12 de diciembre del mismo año y todos avalados por la misma notario público, la licenciada María Altagracia García M.
El inmueble en cuestión, que fue visitado por AHORA, está ocupado por Wilson Odalis Salvador desde 1976, según se supo. Este llegó a trabajar como jardinero de la casa contratado por Cayetana Dora María Benedicto García, esposa del ciudadano cubano Guillermo Gin. El ocupante de la vivienda supuestamente no conoce la identidad de los actuales propietarios del inmueble, ya que éstos nunca se han presentado al lugar, es más, ni siquiera conocía de su venta.
Lo que sí recuerda es el nombre de Freddy Vargas, quien envió a Amaurys Cuevas –el segundo inquilino de la casa--, una tarjeta invitándole a pasar por Bienes Nacionales en fecha 10 de octubre del 2000. Odalís Salvador, aunque no fuera invitado, se presentó a la oficina del señor Vargas, quien supuestamente le prometió un apartamento y una indemnización económica a cambio de que desocupara la casa.
Todo apunta a pensar que las implicaciones y responsabilidades de este nuevo embrollo prolongarían la permanencia de Víctor Elmer Tió Fernández en la cárcel de Najayo, y hasta podrían, los que salieron bajo fianza y amparados por recursos de Habeas Corpus, volver a ocupar sus reducidos espacios en una prisión que ya no aguanta un preso más por la sobrepoblación que exhibe. Ahora bien, la justicia tendrá la última palabra.
