En los próximos días la comisión especial nombrada por decreto presidencial entregará al primer mandatario de la nación sus recomendaciones sobre la modificación de la Constitución.

La labor de esta comisión ha sido positiva. Con su creación el Poder Ejecutivo pudo frenar a un grupo de legisladores en el intento de reformar la Constitución. La pretendida prolongación, a senadores y diputados, del período para el que fueron electos hubiera sumergido al país en una crisis política, potenciada por la crisis social y por el desgaste experimentado por el gobierno desde la adopción del paquete de medidas económicas y del agravamiento del problema energético.

La comisión especial es un espacio abierto de discusión entre partidos políticos, sectores de la sociedad civil y el propio gobierno en torno a un tema tan delicado y espinoso como la reforma de la actual Constitución. Su creación es una evidencia de la crisis de gobernabilidad presente en el sistema político dominicano, por la pérdida creciente de credibilidad y de legitimidad de los partidos políticos y de las instituciones del Estado controladas por éstos.

Desde el inicio de sus trabajos, la comisión estableció como acuerdo de consenso recomendar al Poder Ejecutivo que, de manera prioritaria, se modifiquen los artículos de la actual Constitución para crear la Constituyente, electa por voto directo de los ciudadanos, y sea ésta la que asuma la tarea de reformar integralmente la actual Constitución.

Lo más trascendente de esta decisión de la comisión son las características que se le definen a la Constituyente. El mandato dispone asegurar que la Constituyente se integre con el equilibrio debido entre los partidos políticos; las demás representaciones sociales; la presencia significativa de la mujer, por los residentes en distintos municipios del país y en el exterior; otorgar a la ciudadanía la iniciativa en la formación de la ley que declara la necesidad de la reforma; establecer los plazos para la instalación de la asamblea y para la conclusión de sus trabajos; disponer el quórum y las mayorías necesarias para la toma de decisiones; especificar las calidades para ser miembro y las inmunidades de que disfrutarán. El texto resultante de los trabajos de la Constituyente se someterá a referendo para su rechazo o aprobación.

A pesar de esta decisión tan lúcida de la comisión, al momento de concretar su recomendación intervinieron factores diversos que mediatizaron su alcance. En la propuesta final se plantea una Constituyente integrada por 181 miembros, de los cuales 150 corresponderán a los partidos políticos y 31 a las organizaciones sociales, los primeros electos en las mismas circunscripciones de los diputados, y los segundos en una circunscripción nacional. Su elección se realizará en las elecciones de mayo del 2002 ó en una fecha posterior a ella.

Ciertamente, reducir la representación no partidaria de la Constituyente a 31 miembros no es un ejemplo de participación equilibrada, sino más bien simbólica o testimonial. En esto se pusieron de manifiesto las debilidades de las organizaciones de la sociedad civil, las dificultades de actuar coordinadamente y, sobre todo, los sometimientos de muchas de ellas a los intereses y lógica de los partidos políticos.

De todos modos, lo trascendente es que se acepte que la Constituyente no es un espacio de exclusividad para la representación partidaria, sino que otras formaciones sociales, por derecho propio, deben participar.

Nada garantiza que las recomendaciones de la comisión serán tomadas en cuenta por este Congreso. Hay premisas que indican todo lo contrario.

El PRD, en la persona de su presidente Hatuey Decamps, abandonó la comisión al percatarse de que ésta, prácticamente a unanimidad, era partidaria de una Asamblea Constituyente electa por voto directo de los ciudadanos. La cúpula dirigencial del PRD no quiere ser compromisaria de la Constituyente porque persiste en el plan de que sea el actual Congreso el que modifique la Constitución. A esos fines está en desarrollo una nueva estrategia: plantearle al país hacer una primera modificación, limitada a unos cuantos puntos, recogiendo en ellos selectivamente algunos de los propuestos por la comisión.

Ese camino sigue siendo muy riesgoso porque el propósito que mueve a la cúpula dirigencial del PRD no es tanto profundizar la democracia, sino, por un lado, asegurarse el control absoluto de los poderes del Estado, para lo cual deben eliminar importantes aspectos de la reforma judicial y, por el otro, crear las condiciones que faciliten al partido gobernante su mantenimiento en el poder, para lo cual se busca reducir el porcentaje del 50% para ganar en la primera vuelta y unificar las elecciones generales con las congresionales y municipales.

La entrega de los resultados de los trabajos de la comisión, lejos de ser una conclusión, representa el inicio de un dilatado proceso de concienciación ciudadana y de coordinación, que tendrán como banderas la creación de la Contituyente electa por voto popular e integrada por la diversidad de representaciones políticas y sociales de nuestra nación