Un año de estabilidad macroeconómica
pero hay poco dinero en la calle

Al transcurrir elprimer año de su ascenso al poder las medidas Económicas adoptadas han contradicho, al decir de sus críticos, la versión de “rostro humano” que –afirmó– daría a la economía del país, con lo cual devolvería la esperanza a los sectores más empobrecidos.

Por Angel Barriuso

El gobierno de Hipólito Mejía está en su primer aniversario, pero desde ya hay sectores de la población que manifiestan frustración porque en doce meses de gestión las promesas electorales no se han cumplido.

El ciudadano común, y aún los pudientes, no tienen tiempo suficiente para la espera, y así queda demostrado en el período de transición de cualquier gobierno. Aquellos gobiernos que no aplican medidas populares en sus primeros meses pierden apoyo social.

(Una reciente encuesta de la Gallup, reseñada por algunos diarios, revela que un poco más del 50 por ciento de la población encuestada cree que la economía va de mal en peor).

La teórica deuda social acumulada parece muy alta respecto a las posibilidades de todo gobierno de introducir mecanismos para reducirla en el primer año. Evidentes son los factores que actúan en su contra, uno de lo cuales es la herencia dejada por los gobiernos anteriores y, la otra, que parece ser la principal, es la capacidad de improvisación de quienes ascienden al poder.

La atractiva promesa del candidato Hipólito Mejía de devolverle la esperanza a la gente se formuló para contrastar con el gobierno del PLD, a cuyos funcionarios llamaron los “comesolo porque presuntamente todo cuanto hicieron fue para beneficio propio. Es decir, habrían gobernado con criterios excluyentes.

Fuera cierto o falso, el mote de “comesolo” les costó el gobierno al PLD y a su candidato Danilo Medina. El PRSC abandonó en el camino a su aliado natural, al que apoyó sin reservas en los comicios de 1996. Pero en el momento más esperado, se afirma, el líder del PRSC, doctor Joaquín Balaguer, mostró su disgusto con los seguidores del profesor Juan Bosch.

Durante la campaña electoral el candidato Mejía criticó con dureza el modelo económico defendido por el gobierno del PLD, de crecimiento de la economía con estabilidad macroeconómica. La estabilidad macro garantizaba inversiones, y a su vez un incremento del Producto Bruto Interno. A mayor inversión, reducción de la pobreza.

Pero esta fórmula más tarde fue motivo de debate internacional, y no convenció al PRD ni a sus candidatos.

Para el PRD, lo mismo que para el PRSC, no se producía una reducción de la pobreza. Pero, si en algo estaban de acuerdo la mayoría de los economistas, sin importar su bandería, era en admitir que había estabilidad macroeconómica y que se redujo la pobreza.

El problema radicaba en la redistribución de la riqueza. Los niveles de ingresos alcanzados por sectores de mayor poder económico eran siempre mayor con relación a los de los asalariados, reconociéndose, empero, que el asalariado también progresaba.

La explicación de tal efecto fue la siguiente: como en la sociedad dominicana, con alto nivel de desequilibrio social, habían quienes progresaban más rápidamente que otros, por sus ingresos, quienes también crecían, con menos ingresos, percibían que su situación económica nunca mejoraba, mientras que las de otros sí.

La más alta inversión privada se observó en la comunicación, transporte, comercio, construcción y en la electricidad. La inflación se mantuvo bajo control, en un solo dígito. El poder adquisitivo del peso, estable, permitió el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El entonces candidato del PRD también objetaba las importaciones porque entendía que el gobierno del PLD estaría promoviendo esquemas neoliberales en perjuicio del sector productivo, es decir de la industria y la agropecuaria.

En cuanto a obras públicas, Mejía rechazó las construcciones de ampliación de la avenida 27 de Febrero en la capital, los elevados de Santiago de los Caballeros. Los túneles los calificó de hoyos, una forma de hacerle ver al votante que restaban impacto social y utilidad económica. Los viajes del presidente Fernández también fueron objeto de crítica. Un paquetazo impositivo le fue rechazado e igualmente la capitalización de la CDE y las empresas del grupo CORDE.

UN ‘ROSTRO HUMANO’ DESFIGURADO
El candidato Mejía ganó las elecciones de mayo del año pasado con una alta votación, lo cual obligó a la suspensión de la segunda vuelta electoral sin previa declaración oficial de la Junta Central Electoral. El respaldo popular era un hecho a simple vista.

Al transcurrir el primer año de su ascenso al poder las medidas económicas adoptadas han contradicho, al decir de sus críticos, la versión de “rostro humano” que –afirmó– daría a la economía del país, con lo cual devolvería la esperanza a los sectores más empobrecidos.

El gobierno inició el 2001 con la aplicación de un paquetazo impositivo parecido al rechazado al PLD: a) reducción de las tasas arancelarias, b) duplicación del ITBIS, c) mantenimiento de la comisión cambiaria, d) aplicación de ITBIS en Aduanas, e) el cobro de un anticipo del impuesto anual, entre otras medidas.

Estas medidas, por sí mismas, estaban supuestas a dinamizar la economía, pero sus efectos negativos han sido señalados por el comercio, la industria y otros sectores de la población. Aumentó la tasa inflacionaria y se redujo, significativamente, el poder adquisitivo de la moneda nacional.

La versión oficial es que el desequilibrio creado por las medidas sería transitoria, por un proceso de reajuste calificado de natural, y que –en consecuencia– todo volvería a su curso habitual en pocos meses.

Mientras, de acuerdo a la más reciente encuesta del Banco Central, publicada por los diarios en fecha 26 de julio pasado, el 12.4 por ciento de los encuestados consideró que la situación económica de las empresas fue buena en el primer trimestre del año, mientras que el 34.2 por ciento dice que fue mala y el 53.3 por ciento que fue regular. La suma de lo malo con lo regular coloca en más de un 80 por ciento la opinión desfavorable al gobierno, en el primer trimestre. El comercio ha rechazado el pago de un anticipo de 1.5 por ciento (el 2.0% fue la tasa original aprobada por el Congreso, luego modificada por vía administrativa). El circulante se ha reducido, y en respuesta al alto costo del dinero las autoridades han logrado reducir las tasas de interés.

Los efectos contrarios se magnifican por factores externos, de lo cual no tiene control el gobierno dominicano: el costo de la factura petrolera, la crisis de la economía norteamericana desatada tras la llegada de Bush a la Casa Blanca, y el desequilibrio del euro, la joven moneda europea.

Tal vez faltó previsión. Y es obvio porque el contexto internacional pre-indicaba cualquier posibilidad de introducir cambios impositivos, excepto la cuestión arancelaria, lo cual era inevitable por los acuerdos internacionales. Quizás el gobierno estaba atrapado en el dilema de los ingresos versus los gastos ordinarios, muy a pesar de que hay quienes observan que los gastos del gobierno se elevan por encima de lo estimado por un abultamiento de la nómina para complacer a un PRD de masiva matrícula, que exige empleos en el gobierno.

EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Esta es la explicación dada al déficit presupuestario presentado en los primeros meses del año. Las recaudaciones mermaron, lo cual fue admitido por el gobierno, pero a partir de abril habrían mejorado. No obstante, el Poder Ejecutivo se vio obligado a ordenar a los secretarios de Estado reducir los gastos al mínimo, mientras que la Oficina Nacional de Presupuesto y la Tesorería Nacional pedían revisar las nóminas porque habría demasiadas “botellas” o personas cobrando más de un sueldo, sin trabajar.

El CONEP, ante tal situación, advirtió que el gobierno era un barril sin fondos porque, aunque tuviera todo el dinero del mundo, nunca iba a rendirle, quedando la idea en punto suspensivo.

A mitad de este año, el gobierno se decidió, pujado por el economista Andy Dauhajre, la cabeza notoria del neoliberalismo, condenado por el CONEP y los industriales, por la colocación de “bonos soberanos” equivalentes a 500 millones de dólares, suma que destinaría a inversión pública, a la par que asume deudas multimillonarias de anteriores gestiones.

El endeudamiento externo, progresivo y sorprendente, está siendo criticado por la oposición, y aunque el gobierno se defiende diciendo que la mayoría son acuerdos del gobierno del PLD, tampoco los devuelve, porque entiende que el país no ha agotado su capacidad de endeudamiento.

LA ECONIMíA GOBERNAMENTAL
Al terminar el 2001 el gobierno espera recaudar 61 mil millones de pesos, pero quienes observan de cerca los niveles de recaudaciones gubernamentales aseguran que el año fiscal cerrará en rojo.

Al cerrar abril de este año, economistas y políticos de distintas tendencias se expresaron con pesimismo respecto a la administración del presupuesto del Gobierno, sugiriendo una modificación del gasto.

El Poder Ejecutivo dispuso –mediante resolución administrativa– que las diferentes secretarías de Estado y departamentos reajustaran sus gastos a fin de que el balance de cada mes cerrara en equilibrio.

Dirigentes del Consejo Nacional Empresarial han echado en cara al Gobierno que, aunque obtenga importantes ingresos, siempre serán deficientes porque se comporta cual barril sin fondo.

El Gobierno admite que tiene una nómina sobrecargada, con personas que cobran a la vez en dos y tres instituciones. Se estima que hay un poco más de 300 mil empleados públicos.

LA ESTRUCTURA SALARIAL
La posibilidad de una mejoría social está sujeta la estructura salarial de la economía nacional. El salario mínimo del sector privado asciende a RD$3,800.00 por mes, y un poco menos es el salario mínimo en el sector público, ahora dividido por quincena.

Un empleado público que devenga RD$2,500.00 al mes estará recibiendo en cada quincena RD$1,250.00 para atender sus necesidades.

Los grupos de menores ingresos representan el 44.2 por ciento de la población económicamente activa, mientras que los de mayores ingresos constituyen el 16.1 por ciento, y son aquellos que reciben más de 13 mil pesos mensuales como ingreso fijo.

Esto plantea la posibilidad de que más de la mitad de la población –4.5 millones de personas- está por debajo de la línea de la pobreza, en una circunstancia en que se advierte una pérdida progresiva del valor adquisitivo del peso dominicano frente al dólar.

El peso compite frente al dólar y con una tendencia alcista de los precios de los diferentes bienes y servicios de mayor consumo. Nadie niega que los precios de los alimentos se incrementaron desde la aplicación de la llamada “reforma fiscal” o “paquetazo”.