Max Puix
En arca abierta...
La emisión de bonos soberanos y otras formas de endeudamiento internacional han ocupado la atención de la opinión pública las últimas semanas. En los medios de comunicación se suceden con rapidez los anuncios de empréstitos destinados a la compra de bienes y a la realización de obras públicas diversas.
En la mayor parte de los casos la información es limitada y tardía. La ciudadanía se entera de las decisiones gubernamentales cuando prácticamente todos los cabos están atados. Los anuncios son escuetos y se desconocen las condiciones específicas en que se han desenvuelto las negociaciones con las instituciones financieras y las empresas contratistas, así como los términos de referencia de los acuerdos suscritos.
Además de predominar los contratos de grado a grado, resalta la dispersión y el descontrol con que actúan las distintas instancias gubernamentales: son comunes las declaraciones de titulares de importantes organismos públicos que dicen ignorar acuerdos de financiamiento que atañen a los departamentos bajo su responsabilidad.
En algunos casos, cuando ciudadanos, organizaciones o medios de comunicación han solicitado aclaraciones sobre las operaciones en curso, las respuestas han sido sumarias cuando no irrespetuosas.
El asunto toca una cuestión de fondo que es la modernización de la gestión pública como parte de la agenda de la reforma del Estado y su relación con la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa.
En toda la región latinoamericana el modelo de administración y gestión del aparato público acusa graves ineficiencias que se derivan de su carácter pre-burocrático y patrimonialista. Precisa cambiar este modelo basado en el usufructo privado de la gestión pública, por múltiples y variadas razones. Los severos y recurrentes déficit fiscales que han padecido los países de la región presionan a los gobernantes a lograr mejoras en la productividad, a fin de hacer más eficiente la gestión fiscal. La baja calidad en la prestación de servicios conduce a una pérdida de confianza en las instituciones que puede producir, a término, una crisis de legitimidad. La globalización económica exige de equipos técnicos de alto nivel, tanto a nivel público como privado. La persistencia de elevados niveles de pobreza e iniquidad, así como el crecimiento de los grupos sociales en situación vulnerable, hace difícil el mantenimiento de los equilibrios sociales.
Todas estas situaciones, que obligan a encarar con seriedad la cuestión de la modernización de la gestión pública, fueron analizadas en días pasados por Alejandro Medina Giopp, docente internacional residente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social (INDES), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una conferencia dictada en el Banco Central en el marco de un programa que desarrolla la Fundación para la Reforma con los auspicios del Banco Mundial.
A partir de los años noventa han sido propuestos un conjunto de principios, supuestos, prácticas y técnicas destinados a la elaboración de un nuevo modelo de gestión pública, con el auspicio de los grandes organismos multilaterales de financiamiento.
Entre los rasgos más relevantes del nuevo modelo para América Latina está la evaluación de la gestión pública, la medición de su rendimiento y el establecimiento de la efectividad de sus resultados. Se persigue también la satisfacción de los beneficiarios de estos servicios. Igualmente se plantea el acercamiento entre el aparato público y los ciudadanos, por medio de la simplificación de trámites administrativos. La utilización de mecanismos de mercado, la renovación de la administración pública mediante la introducción de principios provenientes de la gestión empresarial, el uso de las nuevas tecnologías de la información, así como la revalorización de los recursos humanos deben formar parte de la nueva construcción administrativa.
En la República Dominicana se empezó a andar en esta dirección desde 1996, con la creación de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) y otras comisiones especializadas y con la introducción de mejoras sustanciales en la gestión de determinados establecimientos públicos. Con estas iniciativas se dio inicio al diseño de una estrategia de modernización de la administración pública.
Aunque en el trabajo desplegado por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), que sustituyó la COPRYME, se advierte una continuidad con los programas establecidos por esta última, en muchas áreas de la administración gubernamental se evidencia un retroceso en cuanto a gestión se refiere. La dispersión y falta de transparencia que se observa en la política de endeudamiento y en las contrataciones de grado a grado son un ejemplo de ello. La amplia discrecionalidad que las caracteriza es contraria a la nueva cultura gerencial que requiere el país. No se debe olvidar que, en arca abierta, hasta el santo peca.
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