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El Gobierno de Juan Bosch fue un ensayo de nacionalismo
Por Leopoldo Espaillad N.
La breve gestión de gobierno de Juan Bosch, resultado de la aplastante derrota de la Unión Cívica en las primeras elecciones libres en 32 años llevadas a cabo en el país, tiene como mejor caracterización la Constitución de 1963, que paradójicamente se dictó con profundas reservas de su parte. Ella fue, sin embargo, luego de su deposición, el estandarte de lucha que se enarboló posteriormente para reponerle en el poder y por el cual ofrendaron sus vidas muchos dominicanos. Tengo la particular convicción de que el golpe de Estado contra Bosch, el 25 de septiembre de 1963, no provino de Kennedy, como afirmara aquél, sino que sus motivos deben buscarse en la forma en que la Constitución de 1963 afectaba determinados intereses norteamericanos aposentados o por aposentarse en el país, así como las decisiones que al respecto había adoptado el propio Bosch con un criterio nacionalista.
Esta tesis se apoya en la evidencia de que fueron estos mismos intereses los que se deshicieron del presidente Kennedy por vía del atentado criminal el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, por no marchar su política interna y externa en forma cónsona con sus objetivos económicos estratégicos. Es notorio que la convicción que tenía el presidente Kennedy de la necesidad de apoyar el desarrollo de sus vecinos latinoamericanos, como meta estratégica de los propios intereses de su país, entraron más de una vez en conflicto con los de las empresas norteamericanas aposentadas en América Latina cuando éstas recurrieron en busca del apoyo de su gobierno en sus conflictos con los gobiernos latinoamericanos. Estas confrontaciones se sumaron a las que --por las mismas razones-- sostuvieron en el plano económico interno de la economía norteamericana, y luego con la Guerra de Vietnam. Otra situación de avenencia e identidad surgiría entre estos intereses y su sustituto, el presidente Lyndon B. Johnson.
Evidencia de nuestra tesis se encuentra en la entrevista que Bosch celebrara, todavía como Presidente electo, con el presidente Kennedy, y en la cual le exterioriza su propósito de quitar a la Standard Oil, (empresa propiedad de la familia Rockefeller y cabeza del clan del Consejo de Relaciones Exteriores, núcleo central del gran poder económico y político de EE.UU. que ahora se anuncia que está interesado en invertir en el país), la concesión que le otorgara el Consejo de Estado para instalar en el país una refinería de petróleo, sobre lo cual el presidente Kennedy “externó su preocupación acerca de los efectos dañinos de la posible nulificación del contrato” (ver libro de B. Vega: Kennedy y Bosch, Pág. 27), y le aconsejó “que eligiera un grupo consultor, no necesariamente de EE.UU., que estudiara la situación y si se encontraba que el contrato era injusto, él (Kennedy) podría estar en disposición de discutirlo con la Standard Oil”.
Bosch ignoró la influencia del gran negocio del petróleo en la política internacional, y la secuela de golpes de Estado que propició, e hizo caso omiso del consejo de Kennedy de permitirle mediar en el proceso, procediendo a anular la concesión, la cual posteriormente Balaguer entregó a la Shell en 1969. No nos luce coincidencia que el señor Andrés Freites, hasta poco antes gerente de la Esso (subsidiaria de la Standard Oil) y ex-embajador en Washington del Consejo de Estado, pasara a ser el Canciller de Bosch, siendo parte del grupo que organizó el atentado contra Trujillo y en cuya casa buscó primero refugio Luis Amiama Tió antes de pasar a la casa vecina de Tabaré Álvarez Pereyra, grupo que era tildado de ‘pro-norteamericano’ en la correspondencia de la embajada de EE.UU. del mes de mayo de 1961 (ver libro de B. Vega: Los Estados Unidos y Trujillo: 1960-1961. Los Días Finales), pero ignoramos la causa de esta insólita designación de Bosch. Además, las negociaciones que realizara Bosch en Europa como Presidente electo para obtener financiamiento para la infraestructura de desarrollo, como el controvertido contrato de la ‘Overseas’ y el financiamiento de la ‘General Electric’ británica, en lugar de buscarlos en los Estados Unidos, estuvieron en el centro de las denuncias de corrupción contra su gobierno. También se encuentran evidencias en la información de que el entonces presidente Lyndon B. Johnson estaba ligado a los capitales tejanos accionistas de la Falconbridge, cuyas operaciones de explotación del níquel dominicano en Bonao estaban todavía en vías de preparación y eran poco auspiciadas bajo los términos de la Constitución de 1963, que reafirmaba la soberanía del Estado dominicano sobre sus recursos mineros.
Esto también explicaría la resistencia de Johnson al regreso de Bosch en 1965, así como a la reposición de esa Constitución, y su decisión de invadir la República Dominicana con el pretexto de que estaba en riesgo de caer bajo un régimen comunista. La propensión de este gobernante de apoyar a sus relacionados de negocios o contribuyentes de campañas electorales se evidenció, según columna del analista Jack Anderson, con los numerosos contratos con que fue favorecida una empresa tejana de construcción llamada “Brown & Root Co.” en Vietnam, de la cual volveremos a hablar. Además de la industria azucarera del Central Romana en la parte oriental, operaba también en el país en el ramo minero, la Alcoa Exploration Co. en Pedernales, explotando la bauxita y piedras calizas, y en Montecristi operaba (pero tropezaba con problemas) la empresa bananera Grenada Company, todas de capital norteamericano.
GOBIERNO PROVISIONAL DE GARCÍA GODOY
Proveniente de las filas del Partido Reformista y del cuerpo diplomático del país, el doctor Héctor García Godoy, vinculado a prestantes familias de La Vega y Santiago, asumió el poder con el asentimiento de las partes enfrentadas en la guerra patria de 1965, pero bajo la presión de encabezar una nación ocupada militarmente por fuerzas norteamericanas acompañadas simbólicamente de pequeños contingentes de países latinoamericanos dirigidos por EE.UU. De carácter afable y poco carisma, su experiencia en la diplomacia le sirvió para manejarse en una coyuntura sumamente difícil.
La seguridad del Estado no existía en términos de soberanía, y se expandieron en todo el país los servicios de inteligencia norteamericanos (CIA), incluyendo los cuerpos armados y policiales de la nación, encargados de vigilar y/o perseguir a todos los combatientes constitucionalistas militares y no militares que quedaron en el país. La vida nacional quedó totalmente bajo control del ejército invasor, a cargo del orden público. La administración pública se pagaba con recursos de la OEA. La paz política entre los contendientes de la guerra civil y patriótica se alcanzó al imponerles el Presidente provisional -con el apoyo del contingente invasor- el exilio forzoso en posiciones diplomáticas en el exterior a esos mandos militares, lo cual no exceptuó a los que sirvieron a los propósitos de EE.UU.
La misión de García Godoy era restablecer la paz y organizar nuevas elecciones a breve plazo, pero su mandato provisional pasó a un plano más trascendente al producir importantes legislaciones para la organización del Estado y de la economía. Bajo el gobierno provisional se reorganizó la Presidencia de la República, creando los Secretariados Administrativo y Técnico. Bajo este último se colocaron la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), y la Oficina Nacional de Estadística (ONES), todas existentes y a las cuales se les cambió la designación, creándose para completar esta estructura la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP).
Este nuevo instrumento otorgaba prioridad a la reorganización y profesionalización de la administración pública, meta aún pendiente no obstante que se logró años después la promulgación de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. Misiones técnicas de los organismos multilaterales visitaron repetidamente el país para encarrilar la administración pública.
Fueron promulgadas legislaciones dotando de nuevas estructuras orgánicas a las empresas del Estado, creando la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) para administrar el complejo empresarial expropiado a Trujillo, separadamente de la administración y concesión de créditos a la nueva industria, puesta a cargo de la Corporación de Fomento Industrial (CFI). Así se creó por ley el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con los ingenios expropiados a Trujillo. Este conjunto de activos convertía al Estado Dominicano en el mayor propietario de empresas del dominio privado en el hemisferio, y el mayor empleador y propietario de terrenos de la economía dominicana.
Presencia de la inversión extranjera
La presencia en el país de la empresa “Brown & Root Co.”, a consecuencia de su contratación en la extensión del acueducto de la ciudad capital durante el período de la ocupación militar como una donación al pueblo dominicano –hasta entonces desconocida- se puso de manifiesto durante el gobierno provisional de García Godoy, cuando estos trabajos llegaron a su término y el entonces Secretario Técnico de la Presidencia, doctor Gustavo Wiese (dominicano al servicio de las NN.UU. y que vino prestado al Gobierno provisional), le hizo exigencia a la embajada norteamericana de los planos, especificaciones y presupuesto de lo realizado, como requisito para recibir los trabajos, y fue motivo de que se le atacara por la prensa en forma anónima, desconsiderada y entonces inexplicada.
La razón de este reclamo fue que el acueducto de la capital se rige como una entidad autónoma con patrimonio propio. La necesidad de contar con los planos y especificaciones de las extensiones realizadas era obvia en el plano técnico. ¿Cómo se podría administrar el sistema, atenderlo, o darle mantenimiento, desconociendo parte del mismo? En lo económico era igualmente obvio que el incremento real de su patrimonio precisaba documentación sobre el costo o valor de dichas extensiones.
La negativa fue expresada personalmente en el Palacio Nacional en el despacho del Secretario Técnico (entonces ubicado en el tercer piso) por el entonces subdirector de la AID, señor Lawrence E. Harrison (quien al despedirse del doctor Wiese chocó mecánica e inadvertidamente los tacones a la manera militar, cosa que no me pasó desapercibida y de lo cual advertí a Wiese). Esta visita fue seguida de una denuncia anónima al estilo del ‘Foro Público’ contra Wiese, en la primera plana de uno de los principales periódicos del país, achacándole ‘las deficiencias de funcionamiento del acueducto por los obstáculos burocráticos que ponía para recibir los trabajos de ampliación’.
La misma no arrojó luz sobre sus motivos, pero sí creó legítimas dudas sobre el trabajo supuestamente realizado. La verdad vino a relucir mucho después cuando llegó a nuestras manos el artículo de Anderson, revelando los nexos políticos de esa empresa y las influencias tras este contrato, y sugiere las verdaderas razones tras esta actitud y la agresión a Wiese. De la empresa ‘Brown & Root Co.’ no volvería a oír hablar hasta mucho después, esta vez operando en Haití a raíz de la intervención militar de EE.UU. en ese país en 1994. El autor es testigo de los hechos, ya que laboraba como asistente técnico del doctor Wiese, y quien recomendó la solicitud de la indicada documentación.
Al presidente García Godoy y al doctor Wiese les tocó lidiar también con la empresa ‘Nebraska Co.’, que llegó al país con la pretensión de suceder en la siembra y exportación de guineos en Montecristi a la Grenada Co., aquejada de problemas financieros. Pero su oferta, auspiciada por el bufete Peynado, si bien no representaba un compromiso de inversión para el Estado Dominicano, sí le convertía en garante del éxito de sus operaciones, condición que le mereció el rechazo de Wiese y también de García Godoy, no obstante las presiones diplomáticas norteamericanas que se dejaron sentir nuevamente.
Como evidencia del giro que había sufrido la ‘Ayuda Exterior’ del gobierno norteamericano hacia el Tercer Mundo, que cambió del concepto de ayuda ‘de gobierno a gobierno’ al apoyo de la empresa privada, durante el gobierno provisional de García Godoy se produjo el primer préstamo directo del gobierno norteamericano que tenía como destino específico una financiera privada dominicana y como garante al propio gobierno dominicano. No creo que esta operación se haya repetido.
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