La sociedad amenazada
por las armas de fuego en manos de civiles

En los archivos de la Secretaría de Interior y Policía hay registradas, con sus permisos, cerca de 200 mil armas de fuego, entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas. Se piensa que el total de armas ilegales dobla la cifra anterior, sobre todo en manos de delincuentes

Por Rafael Ventura

El hijo mayor de un conocido canjeador de divisas de la capital celebraba su cumpleaños en un hotel propiedad de su padre. Despide a sus invitados a altas horas de la noche y se retira a su habitación. Ya solo, se dispara un tiro en la cabeza, disparo mortal por necesidad. Tiempo después, y con la misma arma con que el hijo se suicidó, el padre decide hacer lo propio. Hoy yacen mortalmente unidos para siempre padre e hijo en la tumba familiar. Adalberto Márquez cae en un estado de desesperación sin salida, provocado por el abandono de su mujer y, en el delirio, mata a su pequeña hija Karina Márquez Germán, de 6 años, de un disparo a la cabeza. Luego de cometer el asesinato y habiendo reservado una bala para sí, se dispara el tiro mortal. Esto ocurrió en Los Guaricanos, Villa Mella.

Un integrante de una patrulla policial eliminó a mansalva a la joven estudiante universitaria Wendy Gastón Tejeda, en el ensanche Libertador de Herrera, en lo que ya es una mortífera rutina del “cuerpo del orden”.

En Jarabacoa, el niño Angel Moscoso Diloné, de 3 años de edad, murió de un disparo en el tórax mientras él y su hermano jugaban en la sala de la casa con el revólver de su padre. Igualmente resultó herido en la mano derecha el hermanito, de 9 años.

En otro lugar de la capital, un joven manipulaba una pistola e inadvertidamente dejó una cápsula en la recámara que, al sobar el arma, salió disparada y le traspasó el fémur en la pierna derecha.

Un poco más lejos, en Cotuí, Patricio Félix, ejecutivo de La Tabacalera, de 35 años de edad, fue muerto a tiros por dos asaltantes que lo despojaron de un maletín con la suma de 50 mil pesos.

Donde la espiral de sangre adquiere matices dramáticos es con las balas perdidas que “caen del cielo” y matan o hieren a desprevenidos ciudadanos, generalmente menores. Tal es el caso de una niña, Wendy Mercedes Ramos González, un caso doloroso, pues la niña, de apenas seis años de edad, recibió un disparo en la vulva, uno “caído del cielo”, mientras cenaba en su casa del barrio Holguín, de la capital.

En unos y otros casos violentos y trágicos, sea suicidio u homicidio, inexperiencia en manejo de las armas o por descuido al guardarlas, durante las actividades de cacería de los gatillos alegres policiales, por la conducta sanguinaria de los asaltantes o por las balas
perdidas, un instrumento macabro asume papel protagónico y se convierte en azote de la sociedad dominicana de hoy: el arma de fuego.

LA PRIMERA CAUSA DE MUERTES
La muerte por armas de fuego –suicidio u homicidio- ocupa el primer lugar entre las causas de mortalidad en la República Dominicana, por encima de los accidentes de trabajo, las drogas, el SIDA o las causas naturales, como el infarto cardíaco. Las estadísticas de los centros de salud e instituciones de seguridad ciudadana, así como las constantes mediciones, lo confirman.

El Instituto Dominicano de Patología Forense ofreció hace poco los resultados de las necropsias atendidas en el primer trimestre del año en curso a los medios de comunicación. De acuerdo con esos resultados, las defunciones provocadas por armas de fuego ocupaban el primer lugar con un 55 por ciento, mientras que el 45% restante correspondía a muertes por accidentes de tránsito, por riñas con armas blancas, asfixia –tanto por inmersión como por ahorcamiento-, por envenenamiento, etc.

Las estadísticas del hospital Darío Contreras, en la capital, vienen reportando desde el año pasado que los homicidios y los suicidios con armas de fuego, combinados, ocupan el primer lugar entre los casos que atiende el centro de salud, y van en aumento. Esto resulta insólito, ya que se trata de un centro hospitalario especializado en traumatología, básicamente para atender accidentes de tránsito.

El Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional cuenta con un registro de muertes del pasado año 2000. Dicho registro computa con exactitud las muertes como resultado de disparos con arma de fuego, pero el jefe de la Policía, mayor general Pedro de Jesús Candelier, se niega a divulgar los datos pese a que han sido solicitados por escrito, por sugerencia de Nelson Rosario, relacionador público de la institución, quien luego de dos meses de infructuosas gestiones informa que “no se pueden dar”.

Hay que presumir que la negativa policial es para evitar revuelo en la opinión pública, porque se confirmaría lo que ya se sospecha: que una cantidad apreciable de estos muertos es aportada por la misma institución del orden en los tristemente célebres “intercambios de disparos”.

DE LA POLÍTICA A LA DELINCUENCIA
Durante los treinta años de la tiranía trujillista la sociedad dominicana estuvo compuesta por una población desarmada y pacífica. Fue con la tran sición hacia la libertad cuando, paradójicamente, se “democratizó” el uso de armas de fuego en manos de civiles.

El golpe de Estado del 1963 contra el gobierno libremente elegido, después de la larga dictadura, cercenó la libertad y todo el ordenamiento jurídico del Estado, al tiempo que dio pie a una resistencia clandestina, cuyas expresiones armadas fueron los movimientos guerrilleros de los jóvenes del Movimiento 14 de Junio en el 1963, que cayeron en las escarpadas montañas de Quisqueya junto a su líder, Manolo Tavárez Justo, y la Revolución Constitucionalista, para restablecer a Juan Bosch en el poder, en el 1965.

Con la entrega de armas por parte de los militares rebeldes a la población civil, la República Dominicana paso, sin transición alguna, como por arte de magia, de ser una sociedad desarmada a una de las más armadas y con mayor diversificación de armamentos en América Latina.

Después del fracaso constitucionalista pasamos a la etapa de una feroz guerra encubierta, donde todos los días jóvenes izquierdistas organizados en comandos clandestinos caían, víctimas de los disparos, al tiempo que también caían militares regulares y miembros de la Policía.

Las tropas interventoras norteamericanas elaboraron un plan de desarme de la población para que lo pusiera en práctica su gobierno títere, que consistió en comprar públicamente armas de guerra sin averiguar la procedencia, mientras por otro lado las tropas militares y policiales requisaban casa por casa toda la capital y ciudades del interior. Al final, lograron recuperar gran cantidad de armas de todo calibre.

“En época de los Doce Años de Balaguer, como habíamos salido de una guerra civil y se suponía que había gran cantidad de armas en manos de la población, se determinó que todo el que poseía un arma de fuego podía, sin necesidad de ir donde la consiguió, obtener una licencia privada”, recuerda Norge Botello, ex secretario de Estado de Interior y Policía.

Según el criterio de Botello, único titular de la cartera que ha desempeñado el cargo dos veces desde su constitución en el 1844, aunque la medida logró la legalización de muchas armas, también originó que el país se convirtiera en un mercado propicio para el contrabando de armas de fuego, “porque después se podía legalizar con el permiso correspondiente”.

LA GUERRA PERDIDA
Para Norge Botello, la guerra contra el arma de fuego “se ha perdido”, por la cantidad de armas legales que hay entre la población, y “son más las ilegales en manos de particulares, algunas consideradas armas de guerra”.

En los archivos de la Secretaría de Interior y Policía hay registradas, con sus permisos, cerca de 200 mil armas de fuego, entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas. Se piensa que el total de armas ilegales dobla la cifra anterior, sobre todo en manos de delincuentes. Muchas de esas armas se consideran de guerra y entre ellas se cuentan los fusiles automáticos M-16 y AK-47 así como la versátil ametralladora Uzi.

Cada vez se aplican medidas restrictivas más profundas para controlar el arma de fuego en el país, “pero no se las puede prohibir”, tal como lo manifestó Rafael Suberví Bonilla, actual secretario de Estado de Interior y Policía, en una entrevista en la que enumeró las medidas restrictivas que viene ejecutando desde que asumió la dirección de la dependencia.
Sobre las armas ilegales en poder de la población, que son responsables de la espiral de muerte y de los constantes actos delictivos, Suberví Bonilla dice que la institución que dirige, junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, realizan operativos sorpresa en puentes, peajes y entradas de poblaciones del interior, donde se confiscan armas de diferentes calibres al tiempo que se logra detener a reconocidos delincuentes. Informó que la cartera que dirige participa en un programa conjunto con las Fuerzas Armadas en la frontera, con el cual se ha logrado decomisar armas de fuego y drogas provenientes de Haití.

Asimismo, señaló que a quienes soliciten licencias para el porte de armas Interior y Policía los obligará, por resolución, a efectuar prácticas de tiro en los polígonos del país.
Prueba anti-doping

Para tranquilizar a una sociedad que se siente cada vez más amenazada por la espiral de violencia con armas de fuego, la Secretaría de Estado de Interior y Policía decidió firmar un contrato con la Corporación Biomédica Americana, de Nueva York, para administrar la prueba de consumo de drogas o anti-doping a los solicitantes de licencias para tenencia de armas de fuego.

Examen psicológico

Por su lado, Carmen Díaz, encargada del Departamento Médico de Interior y Policía, expresa que “todo aquel que va a solicitar licencias para porte de armas de fuego es sometido a un examen psicológico, oral y escrito, para determinar si es apto para portar el arma.

Además, se le entrega un manual escrito en que se educa a la persona sobre el cuidado y manejo de las armas. “Antes de que se le someta al examen médico, el solicitante debe ser depurado por la Policía Nacional a fin de determinar si tiene antecedentes criminales”, explica Díaz, “luego se envía el expediente a la Fiscalía, para su visto bueno, y al Juez de Paz de la jurisdicción del solicitante para finalmente pasar a la evaluación en las oficinas de Interior y Policía”, concluyó.

LA CULTURA DE LAS ARMAS
En la valoración popular, quien no tiene una arma “es un pendejo”, pues no tiene manera de defenderse, pero si se trata de una persona armada, a sus espaldas se dice “cuidado con ese hombre, está armado y es peligroso, porque en la República Dominicana existe una cultura del arma de fuego.

El criterio anterior es de César Mella Mejías, psiquiatra, para quien el arma de fuego, como la yipeta o la vivienda suntuosa, se han convertido en símbolos, no sólo de poder, sino de manipulación y amedrentamiento. Para el conocido investigador de la conducta del dominicano, “hay ciudadanos que hacen esfuerzos extraordinarios en lugares públicos para que se note que tienen un arma de fuego al cinto. Por eso el arma de fuego en lugares públicos, además de amenazar, es un elemento de provocación.”

“Eso implica que, en el caso de los portadores de armas de fuego, hay muchas personalidades que encuentran seguridad, legitimidad y, porqué no, el poder de convencimiento con el que no cuentan”, explica el médico.

“No sólo eso”, continúa, “sino que la asociación de las armas de fuego y las sustancias psicoactivas, como el alcohol, son elementos detonantes. Por esa razón, las estadísticas reflejan gran cantidad de accidentes e incidentes con armas de fuego en los fines de semana”.

Mella habla con preocupación de que el país vive una espiral de violencia en la que los choques políticos, la conducta policial y los "intercambios de disparos” provocan desasosiego.

Recordó también que los “hijos de papi y mami” y otros ciudadanos disparan al aire en festejos y que esos disparos ponen en peligro la vida e integridad de la gente desprevenida.
Hay una exageración en la seguridad personal en la República Dominicana, entiende Mella. “Funcionarios con 5 ó 6 espalderos, militares que no están en servicio portando armas de hasta 24 balas, que dan la sensación de que vivimos en el Oeste norteamericano y no en una sociedad civilizada”.

La situación hace que muchos extranjeros que visitan el país se pregunten porqué hay tantas armas, incluyendo las armas militares en la vía pública, pues en las sociedades civilizadas eso no se ve ni se permite.

Mella observa que en el país no existe una distinción clara entre porte y tenencia. El porte consiste en llevar el arma, mientras que la tenencia ocurre cuando un ciudadano la tiene en lugar seguro para proteger su propiedad.

“Hay una exageración en la tenencia y el porte que no está clara en la ley, como tampoco están claros los requisitos mínimos que se requieren para el porte y tenencia de armas de fuego” consideró Mella.

El psiquiatra llamó al examen psicológico que realiza la Secretaría de Estado de Interior y Policía “una verdadera bufonada”. “Es un requisito que muchas veces ni se llena”, dijo, “y sé de personas que mandan a buscar su renovación, sin ni siquiera presentarse ante las autoridades”.

Acusó a las autoridades de entregar licencias a personas con defectos físicos y visuales, con problemas de agresividad, impulsividad, ansiedad y depresión, gente que “con un arma en mano va hacia el suicidio o hacia la comisión de homicidios”.

LA REVISIÓN DE LA LEY
Mella Mejías abogó por una revisión de la ley sobre porte y tenencia de armas de fuego. “Se trata de un problema de alta política, de seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas e Interior y Policía deben reclasificar la reglamentación al respecto”.

“También hay que hacer un gran censo nacional de armas de fuego e incautar responsablemente las de quienes no clasifiquen para tenencia ni para porte, que la Asociación Médica Dominicana y la Sociedad de Psiquiatría elaboren un protocolo riguroso aplicado a todas aquellas personas aspirantes a licencias por primera vez, lo mismo que a la renovación”, sostuvo. Igualmente recomendó que se revise la edad de 21 años para la concesión del permiso y que establezcan los 25 años como edad mínima. Finalmente, consideró que nadie debe tener un arma de fuego si no hace un curso de tres meses como mínimo en los polígonos de tiro, para asegurarse de que sabe manejar un arma de fuego. “Aquí se venden armas de fuego a personas que nunca han disparado”, concluyó el siquiatra.