Nadie debe llemarse a engaños y pensar que la cúpula dirigencial del PRD ha desistido de reformar la Constitución por vía del actual Congreso.

El PRD, con la modificación constitucional, persigue eliminar lo que entiende son serios obstáculos para su mantenimiento en el poder político más allá del 2004. Busca, además, ampliar su control sobre todos los poderes del Estado. Al primer propósito responde el interés de reducir a un 40 ó 45 el porcentaje para ganar las elecciones presidenciales y la eliminación de las elecciones de medio término, entre otros. A lo segundo se deben los planes de disminuir los niveles de independencia del Poder Judicial, ponerlo al servicio de los intereses políticos del partido de gobierno e incorporar los cargos y funciones propias de este poder al clientelismo político.

El lector se estará preguntando si lo anterior significa que los congresistas desistieron de extenderse en dos años el período para el que fueron electos. Por el contrario, la oferta de prolongación del período sigue siendo la carne de buitres que haría posible producir la modificación constitucional que se pretende. Esto así porque toda modificación de la Constitución vigente debe aprobarse con una mayoría de las dos terceras partes. La única manera de unificar a los legisladores del PRD, por encima de sus divisiones internas, y además captar el apoyo de legisladores reformistas y peledeístas, hasta alcanzar dicha mayoría, es con la oferta de prolongación del período. En el caso particular de los legisladores del PRD, la prolongación del período asegura a los beneficiarios del 2 por 2 completar sus cuatro años; además les sirve de aliciente a aquellos que, por disposición de sus estatutos, no pueden reelegirse por su provincia o municipio. De paso, se elimina para el gobierno actual el voto de castigo que puedan suponer las elecciones de mayo del 2002 y la eventual pérdida del control del Congreso y el efecto que esto tendría en las elecciones del 2004.

Lo importante es identificar, con claridad, los fines políticos que pueden mover al PRD, al gobierno y a las distintas tendencias internas para hacer que el actual Congreso modifique la Constitución. La prolongación del período de los legisladores no es más que un medio para poder alcanzar aquellos fines.

¿Cómo explicar la formación, por el Poder Ejecutivo, de una comisión especial para que le haga propuestas sobre la modificación constitucional?

La comisión creó un espacio de diálogo que distendió la confrontación entre la ciudadanía y el Congreso, cuando este último, alevosamente, intentó modificar la Constitución en la noche del 26 de diciembre del 2000. Sin embargo, en el curso de los trabajos de la comisión surgieron decisiones que, a todas luces, dificultan la utilización de dicha comisión como instrumento de legitimación del Congreso en la modificación integral de la Constitución. En especial el acuerdo de proponerle al Poder Ejecutivo declarar por ley la modificación de los artículos 116, 117 y 118 de la actual Constitución para crear la Asamblea Nacional Constituyente, electa por voto popular, para que sea ésta, eventualmente, la que se aboque a la tarea de una modificación integral de la Constitución. Con esta decisión la comisión reiteró la disyuntiva inicial. En estas circunstancias el presidente del PRD percibió que él y su partido, permaneciendo dentro de la comisión, se estaban haciendo compromisarios de la Constituyente, lo que les iba a dificultar poder sostener luego que la modificación la hiciera el actual Congreso. Estas y no otras son las razones por las que Hatuey Decamps dio orden de retirada de la comisión, no sin antes hacer varias escaramuzas sobre falsas contradicciones en torno al consenso y sobre supuestas pretensiones de sustituir a los partidos políticos.

Por todo lo dicho, el momento actual acusa una peligrosidad particular. La dirigencia del PRD está desarrollando una nueva estrategia para la modificación de la Constitución. Se pretende alcanzar una suerte de transacción con diversos sectores, incluyendo miembros de la comisión, para propiciar una reforma limitada en la cual sólo se toquen los puntos de mayor interés de las partes envueltas, legitimando dicha reforma como fruto del consenso de los partidos, el Congreso y la sociedad civil, y como resultado de los trabajos de la comisión.

No es inocente, por tanto, la campaña de distracción que se ha montado para hacer creer que la contradicción principal que se plantea en este debate se refiere a la supuesta confrontación entre la sociedad civil y los partidos políticos. No. El punto álgido sigue siendo si este Congreso, por encima de la voluntad de la ciudadanía, hace la revisión de la Constitución o si la reforma se hace por vía de una Constituyente electa por voto popular.

Para evitar todas estas manipulaciones y peligros la comisión se encamina a decidir la entrega al Poder Ejecutivo, por adelantado, de sus propuestas en cuanto a la forma de modificar la Constitución para que, si de verdad existe voluntad política, el Congreso cree la Constituyente y sea ésta, ya reunida, la que utilice como insumo el resto de recomendaciones elaboradas por la comisión sobre el fondo de la reforma de la Constitución.