A pesar del poco respaldo que recibe de otras instancias del Estado

Jesús Féliz Jiménez
Persiste en su empeño contra el flagelo de la corrupción.

Por Enilda Torres

Se dice por ahí que una cosa es con violín y otra con guitarra. Desde que el PRD asumió el poder en el 2000 una de las cosas con las que se comprometió el Presidente de la República y que enarbolaron funcionarios como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, fue eliminar o por lo menos frenar la corrupción y para ello sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no ha pasado de allí.

Jesús Féliz Jiménez, un sólido y reconocido abogado, fue designado en el cargo con el título de ayudante del Procurador General de la República, instancia que le ha brindado el apoyo material e institucional para realizar su trabajo.

Sin embargo, desde afuera no se percibe esa realidad, aunque existe la buena intención del también reconocido abogado y procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, de que las cosas se hagan de acuerdo a lo que mandan las leyes.

Pese a esta percepción de buena voluntad, el Procurador General pone al desnudo su lado flaco cuando en pronunciamientos hechos a los medios de comunicación reafirma su convicción de que la palabra del Presidente de la República, al final, es la que pesa.

En una ocasión recordamos sus palabras cuando dijo que “nunca iba a contradecir al Presidente, que prefería renunciar”. Ahora dijo: “una cosa es la ley y otra es la práctica”, refiriéndose al caso del Consejo Nacional de Drogas con relación al uso de bienes incautados a personas ligadas al narcotráfico y que el presidente Mejía ordenó fueran usados por funcionarios del CND.

No así, empero, reacciona Féliz Jiménez, quien se mantiene apegado a las leyes y se ha atrevido a desafiar al Presidente de la República, al punto de que -sostiene el funcionario- si en algún momento le manda a tapar la boca renuncia en el acto.

Sobre el caso de la CND, el director del Departamento Anticorrupción mantiene también una posición vertical de que esos bienes no deben ser usufructuados hasta que no medie una sentencia que los confisque.

“Lo que el Presidente ha dicho de que autorizó la entrega de los vehículos es sólo un aspecto de los bienes que maneja el Consejo Nacional de Drogas. Hemos dicho que hay prendas, apartamentos, fincas, casas y dineros en dólares y en pesos, cuyos intereses que estaban siendo cobrados por miembros de ese Consejo. Creo que hay que poner un alto a lo que está mal hecho, aunque se trate de un pasado que tenemos que renegar”, dijo Jesús Féliz.

EL CASO DEL CND
[A]. Magistrado, estamos convencidos de que tiene propósitos claros de cumplir con su deber, pero notamos que no tiene apoyo, en primer lugar el propio Presidente desafía la ley y dice que lo que dispone está bien y su superior inmediato, el Procurador, dice que ciertamente usted tiene razón en lo que plantea, pero que una cosa es la ley y otra la práctica, ¿cómo se explica eso y cómo se siente usted con el caso particular del Consejo Nacional de Drogas?

JFJ. Mire, este departamento está facultado para hacer todo tipo de investigación. Con relación al caso del CND nosotros teníamos informaciones tales como que en la gestión pasada los tres Procuradores firmaron oficios remitiendo al Consejo de entonces una especie de ordenanza para que devolvieran el cuerpo del delito retenido, y que había sentencias que autorizaban la devolución de esos bienes. Conocemos entonces lo que hicieron uno y otro, sin embargo no se acató lo dispuesto, lo que implica que la presidencia del Consejo y el Consejo como instancia formal se colocaron por encima de las leyes vigentes, de la Constitución y de la máxima autoridad que es el Ministerio Público.

Previo a la destitución del primer director administrativo que se designa por decreto presidencial y previo a las denuncias que hizo la señora Olga Ventura, nosotros habíamos recibido quejas formales y por escrito de personas que habían visto sus bienes retenidos (vehículos) en las calles, personas que nos dijeron que sus viviendas estaban siendo disfrutadas por militares y gente que tiene una relación primaria con quienes conducían el CND. Nos llegaron informes de que las cuentas bancarias estaban a nombre de funcionarios del Consejo y de familiares y que los intereses también estaban siendo cobrados porstos. Es decir, que teníamos una caterva de informaciones que nos daban suficientes elementos para iniciar una investigación, y más aún cuando la directora administrativa había solicitado a sus subalternos que le rindan un informe de cuáles eran los bienes, dónde estaban y en qué consistían, y éstos se negaron, entonces nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados y adoptamos la iniciativa.

[A]. ¿Qué hicieron?

JFJ. Primero le requerimos al Contralor de la República que remitiera un equipo de auditores que auditara el Consejo desde el 1996 a la fecha, es decir, una auditoría de todos los bienes que ingresaron, además que nos hicieran una comparación con los expedientes que estaban en los tribunales y los bienes que fueron objeto de retención y de los que se ordenó la entrega. El Contralor de la República, Federico Lalane José, nos dijo que la encargada administrativa le hizo una petición similar, pero que él no la había cursado porque entendía que debía ser solicitada por ella y el presidente del Consejo, pero como nosotros la solicitamos, y somos un organismo oficial, teníamos facultad para eso y la cursó. El CND está intervenido por seis auditores de la Contraloría.

[A] ¿Y el presidente del Consejo de ese momento qué hizo?

JFJ. A éste también le solicitamos un informe pormenorizado sobre la cantidad del cuerpo del delito desde el punto de vista de los muebles e inmuebles y no hizo el reporte, pero tampoco tuvo la delicadeza para sentarse con nosotros, eso demuestra que ese Consejo, desde nuestra óptica, no conocía el cuadro de lo que allí estaba pasando, que no funcionaba de conformidad a los requerimientos de la institución.

[A]. Doctor, se percibe que desde el Departamento Anticorrupción hay una intención de prevenir actos de corrupción y de que se castiguen aquellos cometidos en anteriores gobiernos, sin embargo en otras instancias no se puede decir lo mismo; por el contrario, sobresale la intención de boicotear lo que se está haciendo, ¿siente usted eso mismo?

JFJ. Yo puedo decir que en un gobierno siempre aparecerán funcionarios en una línea homogénea de pensamiento. Hay áreas de la administración pública que se llevaron muchos dineros, como es el caso de Obras Públicas, donde debió hacerse una auditoría por cada obra grande que se hizo, sin embargo, eso no existe. Con esto quiero confirmar que ciertamente hay quienes están en el marco del gobierno que no les interesa que la instancia donde están se le hagan levantamientos o auditorías, pero también así como les digo esto en el gobierno hay gente preocupada por lo que está pasando y están colaborando en función de los requerimientos que les hemos hecho, como es el caso de la Contraloría General de la República.

EXPEDIENTES 'GORDOS'
[A]. ¿Cuáles son los casos mayúsculos en los cuales se ocupa el departamento que usted dirige?

JFJ. Cuando nosotros llegamos no había un solo expediente abierto, los que habían estaban cerrados como son el de la avenida Jacobo Majluta, el INDRHI, la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el caso Sedefir, con las espuelas por un lado y las ventas subvaluadas de terrenos, entre otro grueso de siete expedientes de Impuestos Internos, que aunque tenían dictámenes favorables al cursamiento por ante un tribunal en la Procuraduría los cerraron todos. Nosotros reaperturamos algunos de éstos, como fue el caso de la Maternidad, donde tenemos un equipo de ingenieros y en el momento actual solicitamos informaciones a la Supervisora de Obras del Estado, porque con los datos que suministró el CODIA no era posible llegar a una conclusión adecuada. A la fecha hemos remitido cinco expedientes terminados al Procurador: el que sometieron los ediles del PLD contra el síndico Johnny Ventura; el relacionado con una extorsión hecha por un servidor del Seguro Social a una empresa proveedora de medicamentos; otro sobre la caja de pensiones y jubilados que recibían exoneraciones como mecanismo para estafar al Estado; el caso adicional de Bienes Nacionales, que envuelve la venta de la Casa del Diálogo por cientos de miles de pesos, cuando la misma está valorada en más de ocho millones de pesos, y el caso del Ceagana. Actualmente estamos trabajando con una investigación de la CDE y tenemos congelados unos 17 millones de pesos que están en seis certificados financieros a nombre de un funcionario de tercera categoría, quien no ha podido demostrar cómo los acumuló. (No quiso revelar el nombre de la persona implicada).

[A]. ¿Hay más expedientes…?

JFJ. Con relación a los expedientes que hemos tramitado el primero que iniciamos fue el caso PEME, por el volumen de los dineros involucrados, así como el número de personas. Recuerden que se tradujo un número equis de personas en la Fiscalía, que ese expediente se desmembró y que finalmente hubo una decisión de la juez de instrucción que tuvo a cargo la sumaria y que reivindicó lo que nosotros contemplamos como personas que debieron remitirse a la acción de la justicia. Lo mismo puedo decir del expediente que remitimos del ex gerente financiero del INVI, Jesús Antonio Féliz Féliz, porque esta persona se dedicó a otorgar apartamentos previo cobro personal. Unas cuatro personas presentaron formal querella y lamentablemente el documento por excelencia, que era una tarjeta que él daba donde constaba la cantidad de dinero que recibía, desapareció y esto produjo un Auto de No ha Lugar en su favor de parte del juez, lo que evidentemente nos condujo a hacer una investigación para determinar en qué lugar desapareció esa tarjeta. La investigación está muy avanzada y daremos los detalles luego.

[A]. ¿Quién es ese juez? ¿Es pasible de sanción?

JFJ. Se trata de Eduardo Sánchez, de la Séptima Circunscripción.

De hecho el procurador general de la República adoptó la decisión de someterlo por ese y por otros hechos. Nosotros remitimos, además, el expediente de INESPRE, en el cual se distribuyeron unos 75 millones de pesos a gente cercana del PLD, constituidos en 357 vehículos entre camiones y camionetas, cuya forma de escogencia se hizo por rifas. Algunos de los beneficiados no residían en el país y tuvieron que mandar poderes para retirar los vehículos, que eran cedidos sin entregar un centavo; igualmente remitimos un expediente sobre la venta de indultos por parte del alcalde de Mao.

SU RELACIÓN CON EL PROCURADOR
[A]. Doctor, insistimos en la misma pregunta, se nota el esfuerzo pero es un esfuerzo que lo está haciendo solo, es decir, que usted no es correspondido ni por el Presidente ni por el Procurador…¿No es así?

JFJ. Si estoy solo o no les diré que sin duda el Departamento Anticorrupción requiere y demanda mayor apoyo institucional. De la Procuraduría nosotros hemos tenido todo el apoyo. Los recursos que necesita el departamento fluyen vía la Procuraduría, el personal ha sido escogido de acuerdo a como corresponde, sólo que cuando tenemos enfoques diferentes el Procurador se ha manejado con una valoración de gerencia muy elevado, que al final, si él entiende que nosotros tenemos la razón, así lo hace saber.

[A]. ¿Pero son contradicciones?

JFJ. Bueno, que hayamos tenido alguna diferencia de enfoque cuando, por ejemplo, él dijo que quienes devolvían recursos sustraídos no los traducirían a la acción de la Justicia, en ese momento yo le vertí un punto de vista diferente. Lo que pasa es que el magistrado tiene una valoración muy humanista, yo diría que en extremo, si fuera por él cuando se levanta un expediente él dice que vaya la persona a su casa y el expediente al tribunal; yo pienso distinto y lo he discutido con él, quien se roba una cadena, por patrones conductuales equivocados, debe ser tratado de igual forma que quien sustrae los recursos que le corresponden a la colectividad, entonces ahí hemos llegado a niveles de coincidencia y él me ha dado la razón.

[A]. Cuando el Presidente dice que a los ex presidentes no se les toque, ¿cómo manejan ustedes esos casos?

JFJ. En lo que a mí respecta establezco lo siguiente: todo ciudadano que delinque en República Dominicana es juzgable. No importa el color de piel, concepciones políticas o religiosas que ostente o profese en un momento determinado. Esta expresión del presidente Mejía se prestó a muchas conjeturas y conclusiones, porque gran parte de la población lo concibió como un mandato para que esa persona no fuera objeto de una investigación, de una remisión a la acción de la justicia. Yo sé que en materia de corrupción hay mucho de solidaridad entre los que históricamente han conducido los destinos del país, hay mucho proteccionismo y bajo ese compromiso asumimos la responsabilidad del departamento, ante la necesidad de crear la figura de un fiscal nacional anticorrupción, es decir que exista un funcionario con ribete independiente que no sólo se limite a la investigación de la rama ejecutiva, sino a cualquier componente de la rama judicial y legislativa, porque aquí hemos sufrido muchos escándalos a nivel legislativo, lo mismo que a nivel del Poder Judicial.

[A]. ¿En el caso de los jueces ustedes no tienen ninguna jurisdicción en ese sentido?

JFJ. No, no podemos intervenir en la investigación de un componente del Poder Judicial, porque eso atañe a la propia Suprema en lo que es el Departamento de Inspectoría que se ha creado.