Max Puix
Constitución y crisis política
En oposición a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, un grupo de senadores y diputados, principalmente perredeistas pero también de otros partidos, insisten en modificar la Constitución de la República por su cuenta, sin escuchar el parecer de la sociedad.
Se ha dicho, con mucha razón, que la República Dominicana es un país de escasa tradición democrática, en el que han primado formas autoritarias de ejercicio del poder y en el que la intolerancia ha sido y sigue siendo moneda corriente.
En ninguna parte del mundo el afianzamiento de un sistema democrático, con los valores y prácticas que le son inherentes, se alcanzó en un día. Históricamente, esa consolidación ha sido el resultado de una evolución lenta y laboriosa. El transcurso de las luchas democráticas está lleno de los más disímiles episodios, algunos de ellos contados en tonos épicos y otros, los más, registrados de manera progresiva y quizás imperceptible en la memoria colectiva de los pueblos.
Como todos los procesos humanos, el desarrollo democrático se ha caracterizado por múltiples vaivenes, por avances y retrocesos. La República Dominicana no ha sido una excepción y el establecimiento de este sistema en el país ha estado sometido a múltiples avatares. Una de sus últimas vicisitudes, pero no la única, es el actual debate sobre la reforma constitucional.
Durante dilatadas fases de nuestra historia republicana la Constitución se vio reducida a un mero formalismo. No obstante, la construcción democrática en curso a partir de 1961 ha permitido una toma de conciencia creciente acerca del papel de la Carta Magna en el ordenamiento institucional.
En la década pasada se dieron pasos importantes en el proceso de institucionalización. Las crisis electorales de 1990 y 1994, crisis de crecimiento democrático, produjeron como uno de sus resultados la reforma constitucional de 1994. Esta permitió mejorar el andamiaje institucional, pero también ayudó a forjar la convicción de que la Carta Magna requiere una modificación de fondo y no de circunstancia como la que tuvo lugar ese año. La vía apropiada para realizarla no puede ser otra que una Asamblea Constituyente, elegida mediante el voto directo de la ciudadanía.
La idea de una constituyente democrática es cónsona con los avances alcanzados en el proceso de democratización. La Asamblea Constituyente debe permitir a todos los dominicanos y dominicanas participar en la reformulación del pacto político-jurídico fundamental que rige su ordenamiento colectivo.
Así lo entendieron los partidos y líderes políticos en 1996, cuando se pronunciaron por una Asamblea Constituyente como mecanismo idóneo para reformar la ley de leyes. Los planteamientos que hizo entonces el Dr. José Francisco Peña Gómez fueron muy claros en este sentido.
La reforma constitucional, vía una Asamblea Constituyente, representa una gran oportunidad para la refundación del sistema político dominicano; para su renovación y para el reforzamiento de su legitimidad. A partir de esta constatación lo que procede es la realización del consenso más amplio posible para la preparación de la elección de esta Constituyente, utilizando como referencia las experiencias de modificación constitucional que han tenido lugar recientemente en el mundo y, de manera particular, en Iberoamérica.
En esta dirección, que es la adecuada, ha trabajado la Comisión Especial para la Reforma Constitucional que creó mediante decreto el Poder Ejecutivo hace unos meses.
Frustrar la reforma constitucional sería hacerle perder a la sociedad dominicana la oportunidad indicada más arriba. Pero significaría también abrirle las puertas a una crisis política de dimensiones insospechadas si esta frustración se acompaña de una revisión del texto constitucional impuesta por un sector a partir de sus apetencias y fines particulares.
Es lo que está en juego en estos días. O se sigue adelante por la vía correcta que es la de preparar las condiciones de una constituyente democrática, que fortalecería la gobernabilidad, o se le abren las puertas a la confrontación y a la desconfianza mediante la imposición de cambios constitucionales de manera sectaria, en contra de la más elemental prudencia.
Es de esperar que la sensatez del liderazgo político nacional termine imponiéndose, para el sosiego y el bien del país.
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