¿En qué gastan el dinero
los ayuntamientos?
La Ley 17-97 otorga el 4 por ciento de los ingresos del Estado a los ayuntamientos, y esta cantidad de dinero va en partes iguales a todos los municipios, sin importar su población y demarcación geográfica.
Por Angel Barriuso
El dinero usado por los ayuntamientos se presta a una y mil conjeturas. El ciudadano, por simple que sea su condición social, económica o académica, tiene un ojo abierto y otro cerrado cuando le habla de esto.
La desconfianza y la falta de credibilidad se acentúa cuando de pronto cualquier obra municipal, por pequeña sea, está siendo dirigida por brigadas de la Presidencia de la República u otra dependencia del Poder Ejecutivo y no por el ayuntamiento.
Pero ¿en qué usa el dinero un ayuntamiento? ¿Acaso se vuelve sal en el agua el dinero de los cabildos? ¿Hay malversación de fondos? ¿No trabajan? ¿Depositan sus dineros en un barril sin fondo?
El licenciado Pedro Reynoso, con más de 30 años vinculado a gestiones municipales y asesor de la Liga Municipal Dominicana, declaró –a título personal- que la mayoría de los ayuntamientos utilizan el mayor porcentaje de sus recursos para el pago de nómina, lo cual lo atribuyó al clientelismo político.
Por ejemplo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional recibió en mayo pasado 67,233,741.33 millones de pesos, y en el supuesto de que emplearan el 60 por ciento para el pago de nómina habrían utilizado 40,340,244 millones de pesos, restándole 26.8 millones para cumplir con la demanda de servicios e inversión.
Los ayuntamientos se justifican diciendo que se ven en la necesidad de reordenar sus ingresos en atención a sus necesidades más inmediatas y que independientemente de los pagos por nómina invierten en obras municipales.
Los recursos de cada ayuntamiento son canalizados a través de la Liga Municipal Dominicana, una institución muy particular que sólo existe en la República Dominicana. En la mayoría de las naciones del Caribe, en Centroamérica y América del Sur, por citar algunos casos, esta modalidad no existe.
En la Liga Municipal Dominicana hay un Departamento de Inspectoría que tiene por función supervisar el uso de los recursos recibidos por los síndicos para sus respectivos municipios. La Ley 17-97 otorga el 4 por ciento de los ingresos del Estado a los ayuntamientos, y esta cantidad de dinero va en partes iguales a todos los municipios, sin importar su población y demarcación geográfica.
Tal situación ha provocado el disgusto de los municipios grandes y medianos, que estiman inapropiada una distribución de esta naturaleza, porque en vez de ser equitativa introduce una desventaja. Y citan que el cabildo de Pedernales no puede recibir la misma cantidad de dinero que el de La Vega o de Baní, por su tamaño, dimensión y por sus necesidades o demandas sociales.
ESTRUCTURA DEL GASTO
La Ley 17-97 plantea la estructura del gasto de los dineros recibidos por los ayuntamientos, es decir, el uso que les dan a sus recursos financieros.
El 30 por ciento lo destinan al gasto de capital o inversión pública. El 40 por ciento a servicios y lo restante a gastos de personal o gastos corrientes. Por cada 100 pesos, 30 son para inversión, 40 para servicios y los restantes 30 pesos para gastos corrientes.
Sin embargo, la realidad es otra.
En el 1995 los ayuntamientos recibieron alrededor de 350 millones de pesos por ordenanzas establecidas en la Ley 140, la cual fue modificada por la Ley 17-97, sobre asignaciones presupuestarias. En el 2000 los ayuntamientos recibieron aproximadamente 2 mil millones de pesos.
Estudios hechos por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en la gestión del doctor Onofre Rojas demostraron que, pese a la entrada de una cantidad extraordinaria de recursos, la eficiencia de los cabildos no se incrementó en igual proporción que sus finanzas.
“El problema de los municipios” –planteó el doctor Rojas al ser entrevistado recientemente- no es sólo financiero. Hay problemas mucho más profundos en materia de gestión y profesionalización de sus equipos. Hay un gran problema gerencial. Creo que es uno de los principales puntos a atacar en los ayuntamientos y en la administración pública en sentido general”.
Se afirma que normalmente el gasto de personal o gasto corriente de los ayuntamientos es superior al 30 por ciento establecido por la Ley 17-97, y obedece, en la mayoría de las ocasiones, a los compromisos políticos.
El salario de la empleomanía municipal lo decide la Sala Capitular, pero el salario del síndico y los ingresos de los regidores lo decide la Liga Municipal Dominicana. La función del regidor es honorífica, pero este “honor” está siendo pagando, por vía de viáticos, con 30 mil pesos mensuales.
El salario de los síndicos fluctúa entre los 20 y 45 mil pesos. Los síndicos de municipios cabeceras ganan entre 30 y 40 pesos mensuales, y el promedio salarial en los municipios pequeños es inferior a los 20 mil pesos. En la mayoría de los municipios los regidores reciben “viáticos” por el orden de los 15 y 20 mil pesos mensuales, mientras que en el Distrito Nacional suelen recibir hasta 30 mil pesos.
Vanesa Herrera, de la Federación Dominicana de Municipios, observa que los ayuntamientos tienen una cantidad de compromisos con sus munícipes que sobrepasan su capacidad de respuesta. Sus recaudaciones son muy débiles, dice, mientras sus gastos ordinarios son muy elevados.
Reconoce que los ayuntamientos violentan la norma establecida por la Ley 17-97 respecto a la estructura del gasto, pero los justifica en el sentido de que esta disposición legal, como otras habidas, debe ser modificada porque la proporción establecida para cada gasto no se corresponde con la realidad.
El área en la cual un ayuntamiento requiere de mayores recursos es la de servicios, y un 30 por ciento parece ser insuficiente.
LAS FUENTES DE INGRESOS
Los ayuntamientos están normados por la Ley 3454, de organización municipal, pero en el caso del Distrito Nacional es la Ley 3456 que lo rige.
La Ley 17-97 es la que otorga el 4 por ciento del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos. Por este concepto, en mayo de este año, la Liga Municipal entregó a los ayuntamientos un total 236,196.160,82 millones de pesos, de los cuales se dice que usan un poco más de la mitad para el pago de nómina.
De acuerdo con Vanesa Herrera, la ley marco debe ser modificada. Los ayuntamientos necesitan leyes modernas, una plataforma legal que vaya acorde con la situación de hoy y con otros conceptos, otras prácticas legales y políticas.
Un ejemplo son las fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Hay alrededor de 60 razones de ingresos, pero la mayoría obsoletas, letras muertas. Existen arbitrios por la matanza de una vaca para consumo industrial y por su conducción al mercado. Hay cobro por las galleras, juegos y apuestas permitidas y por los permisos para fosas.
La licenciada Herrera señala que la capacidad de recaudación de los ayuntamientos es muy débil, antigua y desfasada, y su personal está incapacitado para garantizar la eficiencia administrativa y el cobro de los arbitrios municipales.
Figuran entre sus fuentes de ingresos, también, los mercados, los registros civiles, conservaduría de hipotecas, la compra y venta de animales domésticos, principalmente en las demarcaciones rurales; inmuebles, publicidad en las vías públicas, los moteles y las construcciones.
Sin embargo, la falta de credibilidad en la gestión municipal ha restado autoridad a los ayuntamientos para cobrar sus impuestos, lo cual provoca que sus ingresos ordinarios queden por debajo de los gastos. No obstante, Herrera insiste en que los ayuntamientos están cumpliendo con la mayoría de sus tareas cotidianas.
En el caso de las provincias y municipios, los ayuntamientos recogen la basura, reparan escuelas, parques, las calles, los carros de los cuarteles policiales…
“Pero los ayuntamientos han perdido capacidad por la competencia que les hacen otras instituciones estatales, práctica que viene de muy lejos”, anotó la licenciada Herrera. En el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, observó que tiene un área geográfica muy amplia. La capital ha crecido mucho y hasta Boca Chica y su entorno pertenecen a este ayuntamiento.
Sin embargo, destaca que hay ejemplos de gestiones municipales exitosas, tales como Salcedo y Tenares, Santiago, La Vega, Constanza, San Pedro de Macorís. Y en cuanto a participación comunitaria mencionó a San José de Ocoa, Villa González (Santiago), Villa Fundación (Baní), Castañuela (Montecristi), Miches y Constanza.
LEYES MUNICIPALES OBSOLETAS
Tanto Onofre Rojas como Vanesa Herrera coinciden en la necesidad de modificar las leyes municipales vigentes. Es también la postura de CONARE. La Federación Dominicana de Municipios, incluso, ha patrocinado talleres y seminarios para alcanzar las reformas deseadas
.
El doctor Rojas subrayó la urgencia de que el Congreso Nacional apruebe el anteproyecto de la Ley Orgánica que crea la autonomía municipal, “lo cual permitiría a los ayuntamientos alcanzar mayores ingresos y mayor responsabilidad en su labor recaudatoria, con capacidad de colocar impuestos municipales y en condiciones de administrarlos”.
Vanesa Herrera coincide con el doctor Rojas en ese aspecto.
Rojas, Vanesa Herrera y la Federación Dominicana de Municipios sugieren aplicar la carrera administrativa y de servicio civil municipal, y poner en práctica un sistema de gestión moderna (la aplicación de planes de seguimiento computarizados e incluso de su manejo presupuestario).
Debe haber, por igual, un control social de los gastos municipales, de tal manera que los ayuntamientos informen de su gestión a la sociedad civil, y que la sociedad pueda participar de los planes municipales.
“Debe producirse un gran cambio del sistema político. Ese es el mal de fondo, los partidos políticos escogen como candidato al de mayor capacidad de clientelismo, pero no al que esté en mejores condiciones por su formación para atender los asuntos municipales”, apuntó el doctor Rojas, quien en estos momentos dirige una fundación sobre reformas estatales.
“Cada vez que se crea un distrito municipal se menguan los recursos de los ayuntamientos", advirtió Vanesa Herrera, razón por la cual reiteró que los ayuntamientos requieren de mayor autonomía, lo que plantea a su vez una reforma constitucional para facilitarla.
Asimismo, favorece que se apruebe el anteproyecto de Ley Orgánica para la autonomía municipal, que la Liga Municipal tenga una labor de asistencia técnica y la Cámara de Cuentas sea un órgano de contraloría.
La dinamización municipal y el uso de sus recursos tiene mucho que ver con la propia plataforma legal en que se sostienen los ayuntamientos y el régimen de partidos políticos. El clientelismo político es señalado como un mal de fondo que debe ser suprimido a favor del desarrollo municipal.
